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Entre Rios – Piden que la Constitución garantice el derecho de asociación en partidos políticos
28 abril, 2008, 10:20 pm
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UNA PROPUESTA DE HAIEK
Piden que la Constitución garantice el derecho de asociación en partidos políticos
Para la convencional, “es necesario incorporar a los partidos políticos, como intermediarios entre el pueblo y el Estado” y dijo que en la Constitución debe establecerse con prudencia su “democracia interna y el control patrimonial&quo
Foto: Piden que la Constitución garantice el derecho de asociación en partidos políticos
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Un proyecto de reforma presentado en la Convención Constituyente busca que la Constitución garantice el derecho de asociación en partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático e instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política provincial. La convencional del bloque de la Coalición Cívica-Partido Socialista (CC-PS), Marcela Haiek, autora del proyecto, advirtió que “es necesario incorporar a los partidos políticos, como intermediarios entre el pueblo y el Estado”.

Haiek, que fue acompañada en la presentación del proyecto por los convencionales Emiliano Acharta, Darío Gianfelici, Adriana de la Cruz de Zabal, Santiago Reggiardo, Carlos Claro Díaz, Américo Schvartzman, y Gregorio Zabala, explicó que “se busca que la Constitución garantice el derecho de asociación en partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático e instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política provincial”.

Además destacó que “no estamos hablando de partidocracia; estamos proponiendo un sistema orgánico en el que la oferta al cuerpo electoral se realice a través de partidos políticos que comprometan a sus cuadros con sus principios ideológicos. No se trata sólo de organizar y reglamentar modernamente estas instituciones, sino de dejar claramente establecido el mensaje de esta Convención sobre la necesidad de dotar al partido político de esta herramienta para la democracia. Y esto se hace acordándoles exclusividad para nominar candidaturas.”

Por eso destacó que “los partidos políticos son libres dentro del respeto a esta Constitución, que garantiza su organización democrática representativa y proporcional de las corrientes internas”. En este aspecto la norma es clara y severa, resulta programática por su proyección constitucional y operativa al establecer una clara cuestión electoral en la organización interna.

La convencional también indicó que “consideramos necesario establecer que estas asociaciones políticas deben seleccionar sus autoridades, órganos ejecutivos y órganos deliberativos a través del sistema de representación proporcional, convencidos que sea cual fuere el método que elijan éste representará fiel y proporcionalmente a las minorías”.

Y agregó que “simultáneamente, nos aseguraremos de que por medio de esta prescripción constitucional se evitarán sistemas electorales mayoritarios. No permitirá la Constitución de la provincia la listas completas y las circunscripciones uninominales, prácticas de exclusión de la representación de las minorías. Se alienta así la competencia de líneas internas y de afiliados, lo que prodigará consensos y disensos en la democracia interna”.

Los proyectos de reforma de este régimen deberán ser aprobados por la mayoría absoluta del total de miembros de las cámaras. “Por eso definiremos con prudencia las bases constitucionales, en especial en dos aspectos que son liminares al sistema: la democracia interna y el control patrimonial”.

La integrante del bloque de la CC-PS recordó que “hoy, el sistema de partidos políticos no pasa por su mejor momento, pero afortunadamente, como fenómeno cambiante, evoluciona e involuciona siempre permeable a su perfectibilidad”.

Por eso recomendó: “es aquí donde el sentido común del convencional debe apuntar su criterio, a fin de evitar el descenso de los partidos a la categoría de grupos de interés, y fortalecer su ascenso correspondiente retomando el camino de las instituciones públicas como auxiliares del Estado e intermediarios para el bien común; no sólo en la definición que se incorporará a la Constitución, sino también en su norma reglamentaria, que deberá ser una ley de orden público”, concluyó.

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