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Entre Rios – Presentan en el Congreso un proyecto para prevenir la violencia escolar
SE APLICARíA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Presentan en el Congreso un proyecto para prevenir la violencia escolar
La iniciativa es reproducción de un expediente que había perdido estado parlamentario y que fuera presentado en 2006 por el diputado Raúl Solanas, autor de la Ley 9.655/05 sobre violencia escolar que rige en la provincia de Entre Ríos.

 

Fuente:
La semana pasada el diputado nacional Raúl Solanas, autor de la Ley 9.655/05 que rige en Entre Ríos sobre violencia escolar, reprodujo un proyecto de su autoría, presentado ante el Congreso de la Nación en 2006, por el cual se crea un Programa Nacional de Prevención de la Violencia Escolar en establecimientos educativos de gestión pública y privada de los distintos niveles de Educación General Básica y Polimodal, dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

En el texto de 10 artículos, se incentiva a los diversos actores de la comunidad educativa a disminuir, en todas sus actividades, las formas de violencia o riesgo de violencia escolar, identificando las causas que la originan, estimulando el valor del consenso. Entre otros objetivos plantea transmitir el valor de la tolerancia, respetando la diversidad de opiniones y favoreciendo su intercambio; promover el espíritu democrático, consolidando el Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas; y concientizar sobre el problema de la violencia, propiciando la modificación de las pautas culturales que la sustentan.

Para Solanas las búsqueda de soluciones a este viejo problema, que está siendo visualizado como una moda desde los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas, debe involucrar a todos los actores de la comunidad educativa y, fundamentalmente, a los padres “quienes deben otorgar, en definitiva, una adecuada educación a sus hijos para encarar la vida en sociedad”.

El expediente 6743-D-2006, que había perdido estado parlamentario, fue presentado la semana pasada para ser girado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Se basa en la Ley 12.178 de la provincia de Santa Fe y, entre otras cosas, propone la constitución de un Consejo Consultivo integrado por personal docente y no docente del establecimiento, alumnos y padres, asistidos todos por profesionales idóneos dependientes del Órgano que la Autoridad de Aplicación designe, para brindar una apoyatura técnica adecuada.

La misión de este Consejo es “la búsqueda de las soluciones fondo de aquellas problemáticas que van surgiendo en el devenir del tiempo y que se relacionan con la problemática educativa, donde existen alumnos con distintos dificultades y que, en el fondo, suelen ocasionar actos de violencia, ya sea entre los mismos compañeros o frente a terceros”, indicó el legislador en sus fundamentos.

Este Consejo deberá elevar informes a la Autoridad de Aplicación con la asiduidad que ésta determine, a fin de monitorear la marcha del Programa, a efectos de ir corrigiendo el mismo si se observaran falencias en su aplicación; caso contrario para brindar las soluciones definitivas a un problema de larga data que se da en los establecimientos escolares y, fundamentalmente, en aquellos donde concurren alumnos de distintas clases sociales con distintas problemáticas.

En su artículo cuarto, la iniciativa establece líneas de acción referentes al estudio e investigación de la violencia en el medio social y su incidencia en el ámbito escolar, identificando las causas que lo originan. Se pretende además actualizar las normas funcionales y disciplinarias vigentes en los establecimientos, incorporando los principios democráticos de gestión, “garantizando el derecho de defensa de los sancionados y erradicando disposiciones que no se sustenten en el respeto de los derechos de las personas”, así como también “capacitar a la comunidad educativa en políticas, estrategias y técnicas tendientes a prevenir y controlar los hechos de violencia y interaccionar el Programa con centros de atención y prevención de adicciones”.

Otro de las acciones a articular tiene que ver con el desarrollo de campañas en los medios de comunicación, sobre el fenómeno de la violencia y sus riesgos, alentando la inclusión en las programaciones, de contenidos que contribuyan a su prevención o disminución.

Asimismo se especificó que los destinatarios del Programa son alumnos, docentes, directivos, administrativos, cooperadoras, padres, tutores y otros familiares con alumnos a cargo y cualquier otra persona vinculada a los Establecimientos Públicos o Privados dependientes del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación. “Con esta Ley buscamos las herramientas necesarias a fin de prevenir la violencia escolar que actualmente se da en algunos establecimientos, y que es fundamental erradicar, sobre todo en nuestra Provincia”, expresó Solanas.

Cumplimiento de la ley

Los sucesivos hechos de violencia escolar en distintos puntos de la provincia y el país, las nuevas formas en que se presentan y su exposición mediática plantean interrogantes y nuevos desafíos para quienes deben analizar y definir estrategias de abordaje de esta problemática.

Desde las escuelas, sobre todo de aquellas ubicadas en zonas marginales, se alzan voces críticas hacia quienes deben activar los mecanismos del Estado, y dudan del buen desempeño de organismos como el Consejo Provincial del Menor (CPM) y del Juzgado de Minoridad y Familia de la Provincia, en la resolución de conflictos.
En ese sentido, la directora de la escuela Esparza, Hilda Leguizamón, señaló que las autoridades incurren en un desconocimiento total de la realidad y calificó al CPM como un organismo “ausente”, que no responde eficientemente a los establecimientos educativos cuando se requiere de su actuación.

El Consejo del Menor, por su parte, hace circular un informe titulado “Política de Abordaje de la Violencia Familiar y Social en la Actual Gestión del CPM” en el que se detallan las acciones en el marco del Programa Provincial de Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual. El texto indica que, en 2005, se incorporó un Equipo Preventivo Comunitario que “funciona articuladamente con todos aquellos espacios comunitarios existentes” entre los que menciona escuelas, hospitales, centros de salud, comisiones vecinales, asociaciones civiles, desarrollando diferentes actividades tendientes a la prevención de la violencia, mediante talleres y grupos de reflexión”. En una palabra, nada concreto sobre el tema específico de violencia escolar, entendida ésta como la que se genera entre alumnos y docentes o alumnos entre sí.

Por su parte, desde el Consejo General de Educación (CGE) se aseguró a RecintoNet que se cumplen las líneas de acción establecidas en la ley 9.655/05.

Hasta la sanción de esta norma existían programas de mediación escolar paralelos. Luego, se creó “Enredarse, Programa para la Convivencia Educativa” que trabaja en la prevención de la violencia en escuelas.

Su responsable, Adriana Wembler, señaló que se “propician acuerdos de convivencia en las escuelas por los cuales se privilegian instancias de resolución de conflictos, dando intervención a la comunidad educativa –conformada por directivos, docentes, padres y alumnos–.

En este marco, la primera instancia es siempre resolver el tema en el seno de la institución escolar. Si ésta se ve desbordada interviene el supervisor escolar del nivel correspondiente y la Dirección de Escuelas de cada departamento”. Por otra parte señaló que si el caso lo amerita se da intervención al Consejo Provincial del Menor o a la Justicia a través del Defensor de Pobres y Menores. En tanto, explicó que, lo que se denominaba gabinetes psicopedagógicos son ahora “equipos de orientación educativa” y funcionan en cada departamento brindando asistencia a las escuelas.

En cuanto a la capacitación en prevención de la violencia, la coordinadora de Enredarse indicó que se trabaja asesorando a directivos y docentes y se provee de herramientas teóricas para comprender y atender el problema. (RN)

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