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Entre Rios, El artículo 17 se revisará por el pleno, en conferencia
9 mayo, 2008, 4:43 pm
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La Comisión de Redacción y Revisión acordó hoy llevar al pleno pre-dictámenes para revisar el artículo 17 sobre el que hoy se trabajaron dos propuestas: mantener el texto eliminando el último párrafo y dejar las cuestiones operativas a una ley y ampliar la defensa gratuita a ciudadanos y periodistas, en vez de otorgarla sólo a funcionarios. Esto se resolverá en la próxima reunión de esta misma Comisión, el lunes a las 19.30. La propuesta es llegar al pleno del jueves o viernes para que, constituídos en conferencia, se analice una nueva redacción del artículo en cuestión.

Tal cual se acordó anoche, continuó esta mañana el tratamiento del artículo 17, que había sido aprobado por el pleno y que contempla la obligación de los funcionarios o empleados públicos de vindicarse ante la imputación de un delito formal. Los convencionales Busti y Romero coincidieron en mantener la vindicación; pero los plazos y los modos de la defensa se determinen mediante una ley.

A las 9 se reinició el debate en la Comisión de Redacción y Revisión, que preside la convencional Sigrid Kunath, sobre el artículo 17 de la Constitución Provincial.

Este artículo, que ya había sido votado por el plenario manifestaba “el funcionario o empleado público a quien se le impute formalmente delito cometido durante el desempeño de sus funciones deberá querellar para vindicarse. La acción deberá ejercerla dentro del término de 45 días desde la toma de conocimiento de la imputación bajo pena de constituir incumplimiento grave que habilite su remoción a tenor de los procedimientos previstos para su cese como funcionario o empleado público. A los fines del ejercicio de la acción gozarán del beneficio del proceso gratuito que comprenderá los gastos que demande su defensa. El funcionario o empleado público sobre quien recayera condena penal firme por delito cometido contra la administración será apartado del cargo en forma inmediata”.

En este sentido, y luego de distintas expresiones vertidas por sectores de la comunidad, sobre todo del sector de la prensa, se reabrió el debate en la Comisión de Redacción y Revisión.

Fue entonces que los convencionales Jorge Busti y Rosario Romero, del Frente para la Victoria, coincidieron en “mantener el primer párrafo, hasta la palabra vindicarse” y luego dejar aclarado que una ley determine los plazos y condiciones de la defensa.

En tanto, los convencionales Américo Schvartzman, de la Coalición Cívica, Partido Socialista, y Fabián Rogel, de la Unión Cívica Radical, defendieron el artículo tal cual fuera aprobado por el plenario.

“No vengo a corregir, sino a revisar”

El presidente de la Convención Constituyente, Jorge Busti, quien fue autor de uno de los proyectos presentados sobre el artículo 17, aseguró: “No vengo a corregir un error, pero sí a revisar un efecto que no fue deseado por mí” y enmarcó su postura en la convicción de que “esta Constitución que se está reformado y que va a ser profundamente progresista, participativa y que mejorará la calidad institucional de la provincia, se haga famosa a nivel nacional por una llamada cláusula formaza que no tuvo la intención de nadie que así se interprete”.

En otro marco, Busti recordó que tiene más de 40 años de militancia, con aciertos y errores. “Pero no nací gobernador ni intendente, me forjé en la militancia y todos los cargos que he ejercido han sido por la voluntad popular”.

El ex gobernador reiteró entonces que nunca creyó en los fueros de quienes están en la función pública e insistió en comentar que “todas las veces que fui denunciado ante la Justicia, me presenté espontáneamente ante el juez de la causa, ejerciendo mi derecho de defensa y así creo que deben actuar todos los hombres que están en la función pública, igual que cualquier ciudadano común”.

Busti mencionó el artículo 1º de la Ley de Reforma de la Constitución que habilita a revisar, reformar, actualizar o modificar el artículo 17 en lo referido al alcance de la obligación de acusar para vindicarse de los funcionarios públicos. En este contexto Busti sostuvo que después de mucho estudio creyó que se trataba de una letra muerta si no se imponía un plazo. Aunque aclaró que el texto fue puesto de buena, “estamos dispuestos, porque es de buena personar reconocer, a revisar el texto propuesto”.

El titular de la Convención argumentó su posición al manifestar su preocupación por haber recibido una nota de la gente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que trabajó muchos años en defensa de los derechos humanos junto a Busti cuando era presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado. En la nota se dice que está en juego la libertad de expresión, el principio de transparencia y el derecho de la igualdad en el acceso a la Justicia”.

De todos modos Busti subrayó que no cree que esté en juego la libertad de expresión y que aquí “no hay un error, fue hecho de buena fe”, aunque reiteró su intención de revisar el texto.

Como conclusión propuso mantener la obligación de los funcionarios de vindicarse –tal cual se establecía en la Constitución de 1933- y que se agregue que “la ley determinará los plazos y el cumplimiento de esta obligación”.

Finalmente Busti aseguró que “jamás se me ocurrió ni se me ocurrirá ir a un estudio jurídico para querellar a un periodista” y agregó que “indudablemente hay un efecto no deseado y sentenció: “No es de mal paisano, retroceder un poco para defender nuestra Constitución porque no cometimos un error, nos expresamos mal”.

Coincidencia

La convencional Rosario Romero coincidió en su postura con el presidente de la Convención Jorge Busti y destacó la apertura de la Convención Constituyente para brindar la posibilidad de revisar lo actuado. “Revisar no significa admitir un error y si así fuere, sería una posición de grandeza que confirma que somos parte de una sociedad y que podemos volver sobre nuestros pasos”.

Romero rescató como una dificultad el hecho de incorporar en este artículo la gratuidad en los gastos de la defensa del proceso y en este sentido sostuvo que “puede ser interpretado como privilegio para los funcionarios”.

Habló también que el haber estipulado tiempos es una “disposición muy severa” y dijo que son “disposiciones de corte procesal”.

Romero hizo una exposición en la que comentó acerca de la corriente progresista del derecho en la Argentina que tiende a eliminar del derecho penal la calumnia en funcionarios y propuso, al igual que Busti, dejar el artículo 17 como está en la Constitución de 1933 y agregarle un párrafo que la ley conformará el plazo y los procedimientos.

Mala interpretación

Por su parte, el convencional Américo Schvartzman, de la Coalición Cívica, autor de uno de los proyectos de reforma del artículo 17, defendió su posición observando que “el debate público que se ha generado en relación a este tema, no parte de la redacción del artículo sino que hay una sana preocupación surgida como consecuencia de una mala interpretación”.

Según Schvartzman, este artículo, tal cual lo votó el pleno, “establece un piso de responsabilidad para aquellos que ejercen la comunicación y brinda una sana defensa de la administración pública”.

Schwartzman, resumió que el conflicto es una equivocada interpretación del artículo y entendió como “una sana y seria preocupación” la de medios y periodistas que atribuyó a “una mala interpretación” del dictamen aprobado por el pleno.

“Creo que deben preocuparse por este artículo los periodistas y funcionarios que ensucian la actividad que desempeñan” y resumió: “Tal como lo aprobamos no atenta en absoluto contra la libertad de prensa, trata de preservarnos de los malos funcionarios y periodistas” aclaró.

En tanto, el convencional de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, habló del “mal uso de la palabra” y aseguró que “aquí no hubo error”. Defendió “el trabajo, las ideas y el comportamiento de la Convención” y aseveró: “Corregir el error no, porque sino deberíamos reconocer que no estaban encausadas nuestras ideas. Sí podemos corregir la sintaxis que aclare el sentido del artículo”.

Rogel, desde la UCR, defendió el comportamiento de la Convención al que diferenció “con el modo de resolver las cuestiones interpretada por ciudadanos y periodistas” pero remarcó que no hay un error en el texto aprobado sino una interpretación equivocada o errada.

Y, tras ello, dijo que su bloque acompañará la decisión de la comisión de revisarlo “para aclarar el recto sentido del artículo, en el que –insistió-no hay error”

Luego de las exposiciones de los convencionales, primó, por consenso, la decisión de mantener el texto hasta el primer párrafo y quedará en manos de una ley determinar los plazos. El concepto de la gratuidad de la defensa también había generado observaciones por lo que Busti y Romero mocionaron su retiro. Barrandeguy, en cambio, amplió ese concepto y propuso que alcance a los periodistas y ciudadanos incluidos en el proceso judicial. Finalmente, Miguel Carlín saludó la actitud crítica de los convencionales y adhirió a la moción de Romero y Busti para quitar el párrafo conflictivo.(RN)

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