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Entre Rios, Juntan firmas para que la Legislatura provincial trate un proyecto sobre Discapacidad

Hace dos meses ingresó en Diputados un proyecto de ley por el que se propone “declarar de interés público el desarrollo integral de la población con capacidades diferentes”. Mirta Navarro dijo a LT14 que, junto a integrantes de distintos centros de discapacitados y organizaciones sociales, recolectan firmas para pedir que se trate la iniciativa.

La norma

La iniciativa establece pautas para la educación y plantea “la obligatoriedad del Estado de tener un porcentaje de empleados con discapacidad”; determina la “supresión de barreras de accesibilidad en espacios y transporte”; y adhiere a la ley nacional que establece sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral.

La iniciativa, que tomó estado parlamentario en la decimotercera sesión de prorroga del 128 período legislativo, fue el resultado de un proceso en el que el diputado Jorge Kerz, autor del proyecto, junto a su equipo interdisciplinario, dialogaron con diferentes organizaciones civiles relacionadas con el tema, quienes volverán a ser convocadas, para que realicen nuevos aportes en el trabajo en comisión.

El proyecto establece que Estado brindará la rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades; regímenes especiales de seguridad social; escolarización en condiciones adecuadas según patología; capacitación laboral; créditos o subsidios destinados a facilitar la actividad laboral; ayuda social por desempleo temporal y asistencia técnica y asesoramiento sobre la temática.

En materia de salud, la iniciativa determina que la secretaría de Salud ejecutará programas, asegurará la universalidad de la atención mediante la integración de políticas y recursos institucionales y económicos afectados y creará centros para rehabilitación provinciales regionales.

Por su parte, el Consejo General de Educación (CGE) garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas con capacidades diferentes, independientemente de su situación de salud, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública de gestión estatal como la pública de gestión privada en todas las modalidades del Sistema Educativo.

En materia laboral, la iniciativa que pasó a la comisión de Legislación General, determina que el Estado provincial estará “obligado” a emplear personas con capacidades diferentes “en proporción no menor al 4 por ciento, como mínimo, de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados por éstas exclusivamente”.

En ese contexto, determina que se considerarán actos de discriminación “emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su capacidad diferente, a un trabajador idóneo”. También se considerará acto discriminatorio el que niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos a la persona con alguna discapacidad.

Por otro lado, el proyecto busca eliminar las barreras físicas que dificultan la vida de las personas que poseen discapacidades. Consecuentemente, en toda obra pública provincial que se destine a actividades que supongan el acceso al público deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.

En tanto, la dirección de Transporte garantizará que las empresas de transporte colectivo deberán llevar gratuitamente a las personas con capacidades diferentes, como mínimo a razón de dos por viaje, más los acompañantes si lo requirieran, y tendrán que incorporar gradualmente unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con capacidades diferentes.

Los plazos para la adecuación en los edificios de uso público y la supresión de barreras físicas no podrá exceder el plazo de cuatro años de la promulgación de la presente Ley, en caso de que sea sancionado el proyecto. En tanto, las adecuaciones establecidas en el transporte público provincial deberán ejecutarse en un plazo de tres años a partir de la reglamentación.

En el artículo 33 del proyecto, el legislador propuso que la provincia se adhiera a la Ley nacional 24.901, que establece el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

Además determina que la secretaría de Salud y el Instituto de obra social de la provincia de Entre Ríos (Iosper), garantizarán las prestaciones que sean necesarias para la rehabilitación o tratamiento de la patología de la persona con capacidades diferentes.(RN)

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1 comentario so far
Deja un comentario

Mejor seria que se reglamentea los organismos publicos y privados a reconocer los derechos de estas personas que son habitantes de la Argentina y no “extraterrestres”.Y nos demuestran que son tan o mas idoneos que nuestroa politicos.

Comentario por Monica Ferrio




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