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Parana Entre Rios. En realidad estoy tristemente sorprendido; tengo la sensación de estar en el lugar equivocado.Nuestro gobierno nacional es responsabilidad de todos; no es patrimonio de unos pocos; las decisiones tampoco”, apuntó el Bescos, y agregó: ”El gobierno nacional no debería transferir más deudas a los estados provinciales, bajo ninguna tipificación. Sí debería tener una actitud más
26 julio, 2008, 12:53 pm
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Se pediría certificado de libre deuda de cuota alimentaria para el otorgamiento de carné de conductor, habilitaciones comerciales y para ejercer cargos en la comuna. Actualmente hay entre 40 y 50 deudores registrados a nivel provincial.

La comisión de Legislación e Interpretación del Concejo Deliberante de Paraná analiza una iniciativa por la cual se promueve la adhesión del municipio a la Ley provincial 9.424/02, de creación del Registro de Deudores Alimentarios.
El reconocimiento del Registro en el ámbito municipal brindaría la posibilidad de limitar trámites, como la entrega del carné de conductor y de habilitaciones comerciales, a los deudores de obligaciones alimentarias, según explicó a RN la autora del proyecto, Marta Alem.

En dicha nómina podrán incluirse aquellas personas que adeuden más tres cuotas alimentarias consecutivas o más de cinco alternadas en un período de un año, “dispuestas judicialmente o acordados ante la Defensoría de Pobres y Menores o Juzgados de Paz, siempre y cuando estos acuerdos se encuentren debidamente homologados por juez competente”.

En los fundamentos la promotora de la adhesión expresa que este Registro “podrá ser consultado por reparticiones u organismos públicos municipales a fin de negar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos o inhabilitar como funcionarios jerárquicos a quienes incumplan con la manutención de los hijos a cargo, delito penado con prisión”.

En ese sentido, la concejala explicó que, habitualmente, para el otorgamiento de créditos hipotecarios o cualquier trámite municipal se suele consultar el Veráz o se piden informes al Centro Comercial pero no se tiene en cuenta si el solicitante es un deudor alimentario.

Para la ex directora provincial de la Mujer se presentan situaciones paradójicas: “Entre los incumplidores se encuentran personas de todas las clases sociales” muchos de los cuales llegan a ocupar lugares preponderantes en el ámbito público o privado, o desarrollan actividades sociales que le acarrean el respeto de sus pares en diversos ámbitos, aunque muchas veces se ignora que sus hijos tienen necesidades básicas insatisfechas y las familias sufren las consecuencias de estos incumplimientos”.
Por otra parte Alem destacó que, muchas veces, las mujeres no denuncian al moroso en la creencia de que pueden evitar un mal mayor a sus hijos que pueden transformarse en blanco de represalias por parte del incumplidor.
El proyecto de ordenanza, actualmente en análisis en la comisión de Legislación e Interpretación, cuenta con la adhesión de la Dirección Provincial de la Mujer, del Foro por los Derechos de las Mujeres y del Consejo Nacional de la Mujer.

Una herramienta

Mariela Acosta, jefa del Registro Provincial de Deudores Alimentarios de Entre Ríos, señaló a RN que, en los últimos meses, se evidenció un crecimiento de altas de deudores. “Actualmente hay entre 40 y 50 casos que fluctúan entre altas y bajas con un aumento de casos denunciados en Paraná”, indicó.

A la vez, reconoció que, en el inicio del Registro, en 2004, la mayoría de las denuncias provenían de Federal, Feliciano y Gualeguaychú mientras en los últimos meses se evidenció un aumento en Paraná y Concordia.
En la totalidad de los casos se trata de padres deudores y no hay registro de mujeres en esa situación ni de abuelos obligados a mantener a sus nietos.

Si bien el Registro funciona desde poco menos de un lustro aún no hay verdadera conciencia de su utilidad. Los letrados que asesoran a mujeres por cuotas alimentarias tienen la obligación de informar sobre la posibilidad de pedir la inscripción de deudor moroso como una forma más de coaccionar al cumplimiento de la obligación de manutención.
Según la funcionaria, hay una mezcla de desconocimiento y la presencia de otros factores como el miedo de la mujer a “perjudicar” el ingreso del deudor, con lo que verían aún más restringido el cumplimiento de la cuota alimentaria.
En ese sentido, reconoció que la ordenanza presentada por la concejala Alem será “una herramienta más para que el sistema funcione”.
Con la aprobación de esta normativa Paraná se transformaría en la cuarta comuna en adherir a la Ley provincial, luego de las municipalidades de Crespo, Gualeguaychú y Herrera, en el departamento Uruguay.


Lo que marca la ley provincial

La Ley 9.424/02 creó el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos que funciona desde 2004 –en virtud del Decreto Nº 4964– en la Dirección General de Asistencia Integral a la Victima del Delito, dependiente de la actual Secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Se consideran deudores alimentarios a todas aquellas personas que deban más tres cuotas alimentarias consecutivas o más de cinco alternadas, estas últimas en el período de un año a contar desde la determinación de la obligación, sean alimentos provisorios o definitivos, dispuestos judicialmente o acordados ante la Defensoría de Pobres y Menores o Juzgados de Paz, siempre y cuando estos acuerdos se encuentren debidamente homologados por juez competente.
El juez competente debe informar al Registro los datos de los deudores o las regularizaciones a fin de mantener actualizada la nómina.
Entre los puntos fundamentales de esta norma se establece que las reparticiones u organismos públicos de la provincia no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, contratar, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Por otra parte, los proveedores del Gobierno de la provincia, los permisionarios, licenciatarios y concesionarios deberán, como condición para cualquier actuación, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentren incluidos en el Registro al igual que los partidos políticos, para oficializar las candidaturas de todos los postulantes a cargos provinciales o municipales como requisito para su habilitación como candidato.

En tanto, los senadores no podrán someter a consideración de la Cámara los pliegos presentados conforme al artículo 63 inciso 2º de la Constitución provincial que no vengan acompañados por certificado de no afectación del Registro.

En ese sentido, el artículo noveno establece que los tres poderes del Estado deben exigir a las personas que concursen, se designen o contraten como empleados, el certificado de libre deuda, a la vez que invita a empresas e instituciones privadas, bancos y a municipios que adhieran a la normativa, estableciendo como requisito para todo tipo de trámite el certificado del Registro dependiente de la actual Secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Una persona puede ser inscripta en el Registro mediante un abogado o dirigirse a un Juzgado de Paz o Defensoría.(RN)

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