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Entre Rios, La Cámara baja destruirá documentación sobre gastos de más de 10 años
20 agosto, 2008, 11:35 am
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El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Jorge Busti, dispuso la destrucción de la documentación respaldatoria de los gastos rendidos al Tribunal de Cuentas y aprobados, una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de su
emisión.

Así lo dispuso mediante el Decreto Nº 8 de la Cámara baja, autorizando para que proceda de tal manera a la Dirección de Administración, que “conservará la documentación que revista a su juicio, originalidad, interés social o histórico o que pudiera en el futuro servir de antecedente o encabezamiento de otras actuaciones”, según se lee en la norma, dictada el 8 del corriente y publicada el jueves en el Boletín Oficial.

Para disponer tal medida, Busti tuvo en cuenta la Ley Nº 4.597, que refiere a la autorización para la destrucción de expedientes judiciales archivados o terminados, para lograr un mejor reordenamiento de los archivos con poca capacidad para acumular documentación.

También se basó en el Decreto Nº 2.989 del Ministerio de Gobierno, dictado en 1966, que hizo extensivo el criterio de la ley anterior para el caso de los “expedientes administrativos terminados y/o archivados en la administración central y organismos descentralizados desde hace más de diez años”.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados tomó en cuenta la Ley Nº 9.026 que “contempla el expurgo para el caso de expedientes de resoluciones, enviados al archivo por la Ley 3.030 modificada por Ley 4.335, expedientes de proyectos desechados y originados en los artículos 137 y 138 de la Ley 3.001”

Sobre la decisión de destruir la documentación respaldatoria de los gastos rendidos por la Cámara al Tribunal de Cuentas y aprobados, que obran en la Dirección de Administración, el decreto menciona que “no existe disposición alguna que resulte aplicable a la materia analizada”. Y agrega que en la AFIP “la obligación de guarda de la documentación se limita a diez años, que a su vez se trata de documentación carente de interés histórico y documental como para justificar su mantenimiento por mayor plazo que el aludido”.

También se hace mención a las “dificultades edilicias” para la guarda del material y “su escasa relevancia o interés documental o histórico”. Y finalmente se autoriza al director de Administración a proceder a la destrucción, conservando “la documentación que revista a su juicio, originalidad, interés social o histórico o que pudiera en el futuro servir de antecedente o encabezamiento de otras actuaciones”. Además, antes de la destrucción “se practicarán las anotaciones que correspondan en los registros pertinentes”. (RN)

Fuente:UNO

 

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