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La creciente utilización de cercos eléctricos abre un debate legislativo pero también ético
29 octubre, 2008, 9:58 am
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Las vallas perimetrales conectadas a distintos voltajes como sistema de seguridad disuasiva no son considerados ilegales ya que no hay leyes que los prohíban, aunque tampoco hay normas que reglamenten su uso

Los cercos perimetrales electrificados se utilizan para cercar fincas y evitar el traspaso de intrusos, ladrones o los llamados “hombres araña” que ingresan por balcones, paredes y terrazas.

Como sistema de seguridad no son considerados ilegales, ya que no hay leyes que prohíban su instalación, aunque tampoco hay normas que la reglamenten, salvo las de calidad técnica y homologaciones nacionales e internacionales.

Tanto fabricantes como instaladores dicen que dichos vallados “no son letales” y se amparan en el derecho a la legítima defensa tipificado en el Código Penal, aunque, para su instalación, hacen firmar a quienes los contratan, un documento donde se liberan de toda responsabilidad civil ante cualquier inconveniente que éstos pudiesen acarrear.

En la ciudad de Buenos Aires y en el conourbano bonaerense, donde está concentrada la mayor cantidad de countries y barrios privados donde viven familias de alto poder adquisitivo, los cercos perimetrales electrificados son comunes ya que éstos lugares son blanco constante de robos y otros hechos delictivos, muchas veces violentos.

Para llenar el vacío legal sobre la utilización de estas herramientas ofrecidas en el mercado como solución a la inseguridad, el Senado bonaerense estudia un proyecto de Ley que intenta regular su instalación.

La idea del senador Roberto Fernández, lejos de prohibirlas, las autoriza aunque expresa “la obligatoriedad de colocar carteles amarillos y negros que adviertan sobre el riesgo de alta tensión, tanto por escrito como con la presencia de un ícono con forma de rayo –que simboliza la corriente eléctrica– en la señalización”.

En tanto indica que su homologación para salir al mercado debe pasar por algún estamento técnico de “una Universidad Nacional” y cumplir con un control y fiscalización anual, para lo cual se deberá abonar un canon”.

Otro intento de legislación al respecto se presentó en el municipio de Sunchales, provincia de Santa Fe, pero aún es un proyecto. En tanto, en Entre Ríos, el tema no ha sido debatido en ámbitos legislativos.

El mercado

En Paraná hay empresarios del rubro seguridad que comercializan sistemas de cercos eléctricos y otros que los consideran métodos “no éticos” y hasta los califican como “criminales” ya que “hay otras formas disuasivas menos riesgosas para la vida humana”.

Juan Barrios, instalador de alarmas, señaló a RecintoNet que su firma ha cotizado algunos sistemas de cercos eléctricos pero que, por sus costos, la gente no los elige. En ese sentido señaló que los más sofisticados rondan entre los 10.000 y 30.000 dólares y son “privativos” para el común de la gente.

Asimismo reconoció que la plaza no es tan problemática como Buenos Aires donde la gente, “acobardada” por los robos violentos y reiterados, ha llegado a instalar cercas conectadas “a 220”.

Por su parte, Eduardo Cancio, titular de la empresa Phoenix fue categórico. “Podríamos venderlos pero elegimos no hacerlo porque no los consideramos éticos”.

El comerciante explicó que se promocionan como “inofensivos” para la salud humana pero pueden ser letales para personas cardíacas o que tengan un marcapasos. En tanto indicó que tiene conocimiento de que, en la ciudad, hay empresas que los instalan. “La cadena de comercialización existe pero no hay legislación que regule este tipo de sistemas de seguridad”, afirmó.

Finalmente indicó que hay otros métodos como los cercos perimetrales que disparan alarmas y encienden luces –por contacto o mediante sensores– igualmente efectivos y menos peligrosos.

En ese sentido explicó que el sistema puede afectar en forma accidental a otras personas y no solo “al intruso que se intenta repeler” y, si se tratara de un ladrón, más allá de la intención de delinquir “estamos hablando de vidas humanas”, razonó.

La técnica
Estos cercos tienen 5.000 voltios sin amperaje, lo que evita la electrocución de quien lo toca pero provoca una fuerte patada disuasiva, a la vez que acciona una alarma y se encienden luces –según una combinación de posibilidades tecnológicas– con un consumo de sólo 6 vatios por hora.

Según las especificaciones técnicas de algunos folletos, los “boyeros humanos” generan 1 pulso de 5.000 voltios de 0.1 milisegundo de duración y la máxima energía de salida es de 0.4 Joule medidos sobre 500 ohm de carga.

“El sistema opera sobre el umbral de pánico pero muy por debajo del umbral mínimo de fibrilación ventricular, cumpliendo las normas de homologación internacional y nacional como International Electrotechnical Commission” (IEC) 60335-2-76 y No 479-2. IRAM, de seguridad humana”, indica un catálogo de venta.

En el mismo texto el efecto del cerco eléctrico es descripto como “un shock eléctrico que rechaza al intruso y actúa como barrera psicológica disuasiva”. En tanto, para minimizar la “consecuencia no deseada” –es decir que la patada la reciba una persona que no tiene intenciones de robar– el texto de promoción indica: “Los contactos accidentales de personas con la cerca producen el shock eléctrico que enseña a tomar precaución con respecto al dispositivo”.

En ninguna parte, ni siquiera en letra chica, se especifican contraindicaciones para personas cardíacas o para quienes tengan marcapasos.

La promoción de “las bondades del producto” de la mayoría de las empresas presentes en el mercado nacional utilizan terminología de tipo militar como “invasión de perímetro” o “penetración del primer anillo de defensa”, y, una de las marcas ofrecidas se llama “Picana”.


Debate entre “lo legal” y “lo ético”

Tanto fabricantes, como vendedores e instaladores se amparan en el concepto de “legitima defensa” previsto en el Código Penal, artículo 34, incisos 6 y 7, en los que se establece que no serán punibles, es decir no estarán sujetos a sanción penal alguna, quienes “obraren en defensa propia o de sus derechos”, siempre que concurrieren circunstancias como una agresión ilegitima; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla o falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquél que durante la noche rechace, el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea, el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquél que encuentra un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia”.(RN)

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