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Tratarán la ley sobre discapacidad en Diputados – Entre Rios
1 diciembre, 2008, 10:27 am
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Ya cuenta con despacho de comisión y podría tratarse el miércoles un proyecto tendiente a garantizar los derechos de los discapacitados. A más de un año de que recrudeciera la polémica por la adhesión a la ley nacional que regula la materia, este proyecto contempla, entre muchos otros aspectos, la adhesión a esa legislación.

La norma que llegará el miércoles a Diputados surgió del consenso de tres proyectos: uno de diputados justicialistas encabezados por Jorge Kerz, otro de senadores de ese partido encabezados por Carlos Garbelino y un tercero de otros diputados encabezados por el ex gobernador Jorge Busti.

La norma plantea, en principio la adhesión a la ley nacional, aspecto que se trabajó junto a la Comisión de Discapacidad del IOSPER; ene otros aspectos vinculados a esta problemática, donde se definen medidas que tienen que ver con el régimen de trabajo, educación y salud.

En lo que tiene que ver específicamente con el área Salud, los legisladores trabajaron junto al ministro Ángel Giano, al igual que en lo relativo a transporte se acordaron modificaciones con la Dirección Provincial de Transporte.

También se incorporaron aportes de la diputada nacional de Cristina Cremer (ex titular del área provincial de discapacidad) sobre la creación de un Consejo Asesor en Discapacidad, y el régimen jubilatorio de los empleados que trabajan con discapacitados.

Asimismo se recibieron aportes de organizaciones intermedias involucradas en la temática.
Si bien el proyecto es extenso (tiene 49 artículos) se destacan algunas definiciones como la declaración de interés público del “desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes que el resto de los habitantes”.

En base a esa premisa, se señala que la ley establece “un sistema provincial de protección y promoción integral a las personas con discapacidad, tendiente a lograr la integración social y desarrollo personal, la equiparación de accesibilidad y oportunidades, y el mejoramiento de su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades fundamentales”.

Se establece asimismo que el Estado Provincial brindará a las personas con discapacidadlas siguientes prestaciones asistenciales: rehabilitación integral, regímenes especiales de seguri-dad social, escolarización en condiciones adecuadas según la discapacidad, capacitación labo-ral, créditos o subsidios destinados a facilitar la actividad laboral, ayuda social por desempleo y asistencia técnica y asesoramiento sobre la temática.
De acuerdo al artículo 21 de la Constitución Provincial recientemente reformada, el Instituto Provincial de Discapacidad el cumplimiento de importantes funciones tendientes a garantizar el cumplimiento de estos objetivos.

El proyecto tiene capítulos especiales dedicados a Salud, Educación y Empleo que establecen derechos que deben garantizar diferentes áreas del Estado provincial junto al organismo específico de discapacidad.
En el primero de ellos se señala, por ejemplo, que la Secretaría de Salud “garantizará las prestaciones para la rehabilitación o tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social” y que el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) lo hará para sus afiliados.

Asimismo la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Provincial de Discapacidad, ejecutará programas a través de los cuales se creen en los hospitales servicios destinados a las personas con discapaci-dad.

En cuanto a Educación se señala que el Consejo General de Educación garantizará “el acceso oportuno, permanencia y egreso de la educación a las personas con discapacidad, desde la educación inicial hasta la educación superior”. Esta disposición incluye tanto la educación pública de gestión estatal como la pública de gestión privada en todas las modalidades .

Finalmente en el capítulo de Trabajo se señala que los tres poderes del Estado provincial, al igual que los entes descentralizados, “están obligados a emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción superior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por éstas, en igualdad de condiciones y oportunidades de remuneración”.

“Las personas físicas o jurídicas que deseen ser proveedores del Estado Provincial deberán acreditar ante el Registro de Proveedores del Estado las adecuaciones realizadas acordes con las disposiciones de la presente ley” mientras que las ya inscriptas tendrán un plazo de 4 años contados a partir de la publicación de la presente, para adecuase a esta exigencia.

Asimismo se establecen mecanismos tendientes a hacer cumplir la legislación vigente en este tipo de empleos y sistemas de promoción fiscal para quienes los ejecuten.(RN)

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