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Cuánto demora en reglamentarse una ley en Entre Ríos
6 octubre, 2015, 12:17 pm
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Paraná, (RN). Algunas, sobre todo las que impulsa el Poder Ejecutivo, son operativas en pocos meses, en otros casos la demora puede llegar al año, incluso superar los cinco. Otras, pueden llegar a las dos décadas, o tener un trámite “en cuotas”. Los motivos para la demora en la reglamentación de una ley difieren en cada caso, pero la mayoría de las veces tiene que ver con los fondos presupuestarios que se deben destinar, el personal que velará por el cumplimiento de la norma, consultas a los distintos actores involucrados, o por argumentos de orden constitucional. A veces, simplemente, por inacción. Uno de los casos más simbólicos es la de Bomberos que lleva varias décadas sancionada y no logra su reglamentación; por eso siguen sin aportes sociales; otro caso, es el de la ley de Obesidad que al no estar vigente, falta infraestructura y servicios acordes como cobertura social apropiada para las personas que la padecen.

En muchos casos el legislador, contemplando la demora usual que lleva este trámite reglamentario, manda al Ejecutivo a volver operativa la norma en un determinado período de tiempo, usualmente 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial, que de todos modos no siempre se cumple. En otros textos, no obstante, se dispone que la ley se haga efectiva a partir de su publicación en el BO.

Esa claúsula opera automáticamente si se trata de proyectos del gobierno. Tanto es así que las promulgaciones baten sus propios records. La reforma tributaria,las sociedades del Estado, y las eximiciones a diferentes sectores no sufrieron demoras.

El caso más llamativo de demora lo tiene la Ley Provincial Nº 8.105. Sancionada en diciembre de 1987, reconocía a los cuerpos activos de los bomberos voluntarios de la provincia la posibilidad de jubilarse bajo el régimen estatal y acceder a una cobertura en salud en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Desde ese momento transcurrieron ya casi 28 años y los artículos 23 y 24, respectivamente, de la norma no fueron reglamentados. En el medio se sucedieron planteos en la Legislatura, en la Justicia, e incluso protestas que culminaron con una propuesta paliativa del gobierno provincial que aún demora el Senado, como ya informó Recintonet. Para no reglamentar los derechos de los bomberos, el gobierno argumentó, a través del dictamen N° 0542/13 de la Fiscalía de Estado, la “imposibilidad constitucional de aplicar lo establecido por los artículos 23° y 24° de la Ley N° 8.105”.

Una norma que está siendo reglamentada “en cuotas” tras haber sido sancionada en diciembre de 2008 es la número 9.891 de Discapacidad. En noviembre de 2013 se conoció el Decreto Nº 4102 por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó parcialmente la norma en lo que respecta a “disposiciones generales y especiales de la ley, como es aquello que hace a las propias competencias del Instituto Provincial de Discapacidad, como al Certificado Único de Discapacidad, el acceso al sistema ampliado de becas a nivel provincial mediante el Instituto Becario, a viviendas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y aquello relativo al transporte gratuito de pasajeros”. Dos años después, en agosto de 2015, quedó reglamentado el aspecto atinente a los derechos de educación de las personas con discapacidad.

Un tiempo similar de espera lleva la norma 9825 de prevención y tratamiento de la Obesidad. La ley data de 2007, y recién en 2012 hubo un anuncio oficial del gobierno sobre el comienzo de la reglamentación de la normativa, pese a que los afectados por la enfermedad en todo ese tiempo debieron acudir a la Justicia o a la ley nacional para tener cobertura médica. Sin embargo, a la fecha no hay más novedades. Hace unos días en declaraciones al programa radial “En el dos mil también” el propio ministro de Salud, Carlos Ramos, admitía: “El 40 por ciento de los chicos de Entre Ríos que están en edad de desarrollo sufren obesidad, 4 de cada 10 gurises en las escuelas sufren obesidad y siguen tomando la coca cola o la bebida gaseosa extra azucarada”. Nada dijo sobre la ley.

Sobre este mismo tema, este jueves Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que crea los kioscos saludables en las escuelas, pero hay que recordar que ya un texto anterior con media sanción del Senado en la anterior composición legislativa naufragó en la Cámara Baja.

El caso de las leyes 10.016 de Registro Provincial de Datos Genéticos y 10.015 de Registro de Defensa de la Integridad Sexual, las dos sancionadas en 2010, generó una rara demora. Se argumentaba que la operatividad de ambas debía ir de la mano por los temas que abordaban; pero, mientras la primera fue reglamentada en enero de 2013 por el Decreto Nº 4273 del Ministerio de Gobierno y Justicia, el texto reglamentario de la segunda –sobre el que estaba trabajando el entonces secretario de Justicia provincial, Rubén Virué- aún se adeuda. En septiembre de 2013 el Senado reclamó al Poder Ejecutivo a través de un proyecto de comunicación que “proceda a la confección del decreto reglamentario de la ley 10.015”.

La ley 10.284 de Bosques quedó sancionada en febrero de 2014, no sin recibir críticas por parte de algunos diputados de la oposición y de organizaciones ambientales que cuestionaban el “carácter productivista” de la norma más que de cuidado del recurso forestal. Más allá de eso, la ley recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015 por el Decreto 1329.

Otro caso representativo es la norma 10.236, de agosto de 2013, por la que se considera práctica abusiva y contraria al trato digno de usuarios y consumidores en locales de acceso a la atención masiva al público la demora que someta a un tiempo mayor de 30 minutos en espera en las cajas habilitada para cobros y pagos, la espera en condiciones de incomodidad que obliga a soportar las inclemencias climáticas a efectos de ser atendidos en su requerimiento y la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito a disposición de los concurrentes.

El texto entró en vigencia a partir de su publicación en el BO, por lo que desde ese paso las empresas tuvieron un plazo de seis meses para adaptar sus instalaciones y prácticas. La operatividad de la normativa quedó a cargo de la oficina Defensa al Consumidor de la Provincia, cuyo titular Juan Carlos Albornoz, había dicho: “No bien se promulgue, trabajaremos para la reglamentación”, pero hasta la fecha no se informó en forma oficial cuál es el decreto que la volvió operativa. Hace un par de meses Albornoz dijo que se hizo hincapié en el cumplimiento por parte de los bancos, pero confirmó que “es una realidad que los supermercados siguen sin cumplir” la ley. (RecintoNet)

 

 

 

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