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Entre Rios – Etica Pública: Ahora el Ejecutivo quiere reglamentarla
23 junio, 2016, 1:47 pm
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dipu

 

Paraná.(RN). La Cámara de Diputados dio ingreso este miércoles y giró a comisión un nuevo proyecto sobre Etica Pública que desplazó a los que ya habían presentado diputados oficialistas. El texto, firmado por el Ejecutivo, pasó a comisión ya que, además de corresponder el giro por reglamento, el escandaloso caso López y la captura de Pérez Corradi que salpica al ex ministro kirchnerista Anibal Fernández, opacaron la posibilidad de debatir sobre tranparencia en el recinto.

El caso López como la detención de Pérez Corradi más las denuncias que pesan sobre algunos funcionarios del gabinete y sobre el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, eclipsaron al bloque oficialista que evitó este miércoles el debate sobre Etica Pública a pesar de haber alcanzado, sobre dos textos diferentes, un despacho de comisión que estaba listo para su tratamiento en el recinto. Ese texto sintetizaba las propuestas que firmaron también y en mandatos anteriores Flores, Ulloa, Sosa, Federik y más recientemente Zavallo y Koch.

Se suma ahora, a esas iniciativas, una nueva propuesta que lleva la firma del Ejecutivo y que no difiere tanto de lo que hasta ahora había logrado Diputados. Sin embargo, la decisión hizo retroceder a los legisladores para sumar al debate el proyecto del gobierno que, según interpretaron, apuesta a hacer propia una ley marco que fije el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas sin excepción que dependen del Estado.

De todos modos fueron varias las lecturas que atravesaron esta presentación ya que, alcanzado el dictamen, el texto del Ejecutivo no sólo llega tarde al debate sino que se superpone con la agenda legislativa.

 

Etica a medida

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció que todo magistrado y funcionario designado a partir del 12 de Abril de 2016 (fecha del Acuerdo General 09/16) deberá acompañar declaración jurada patrimonial en el primer acto de presentación de toda la documentación exigida para el cargo, y con anterioridad a la toma de posesión. Además, el alto cuerpo recordó a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial en funciones la obligación de presentar y actualizar periódicamente sus respectivas declaraciones. No obstante esta obligación, estos documentos siguen siendo privados también en ese Poder, donde están algunas de las remuneraciones más importantes del Estado.

Actualmente, en la provincia rige la Ley 3.886/53, que en su artículo 9° reza: “Las declaraciones juradas se presentarán bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto”, y sólo podrán ser abiertas en tres casos: “En los supuestos previstos en el artículo 10° (investigaciones sobre enriquecimiento ilícitos); a pedido de sus firmantes o sucesores; a requerimiento del juez o autoridad competente”.

Bordet, transparencia y denuncias

El lunes, en el marco del acto de celebración del Día de la Bandera en Federal, Bordet elogió la figura de Manuel Belgrano y enfatizó: “Los actos transparentes de gobierno deben ser un norte, y en Entre Ríos no puede ni debe haber lugar para la corrupción ni para quienes se aprovechan de los bienes del Estado. Esa será una consigna que marcará mi gestión de gobierno, para que nadie en esta provincia pueda usufructuar fondos públicos en beneficio personal”.
El mandatario lanzó tal frase en medio de las denuncias de la justicia federal contra ex funcionarios nacionales, pero también hay casos en la provincia de denuncias que avanzan a paso lento, algunas que implican a funcionarios o legisladores del propio gobierno provincial. Puede mencionarse, así, al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; al ahora ex gerente general del Instituto del Seguro (IAPS), Martín Fernández; al presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, procesado por su cargo de ex intendente de Chajarí. También engrosan el listado el secretario del Senado y cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y a varios legisladores, como los casos del propio presidente de la Cámara Baja y su antecesor, Sergio Urribarri y José Allende, respectivamente, o los diputados Pedro Báez y Juan Carlos Darrichón, ex intendente de Diamante. A ello hay que sumarle que la semana pasada tuvo que abandonar el cargo el presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, acusado por llegar al cargo de modo inconstitucional.(RecintoNet)

 

araná.(RN). La Cámara de Diputados dio ingreso este miércoles y giró a comisión un nuevo proyecto sobre Etica Pública que desplazó a los que ya habían presentado diputados oficialistas. El texto, firmado por el Ejecutivo, pasó a comisión ya que, además de corresponder el giro por reglamento, el escandaloso caso López y la captura de Pérez Corradi que salpica al ex ministro kirchnerista Anibal Fernández, opacaron la posibilidad de debatir sobre tranparencia en el recinto.

El caso López como la detención de Pérez Corradi más las denuncias que pesan sobre algunos funcionarios del gabinete y sobre el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, eclipsaron al bloque oficialista que evitó este miércoles el debate sobre Etica Pública a pesar de haber alcanzado, sobre dos textos diferentes, un despacho de comisión que estaba listo para su tratamiento en el recinto. Ese texto sintetizaba las propuestas que firmaron también y en mandatos anteriores Flores, Ulloa, Sosa, Federik y más recientemente Zavallo y Koch.

Se suma ahora, a esas iniciativas, una nueva propuesta que lleva la firma del Ejecutivo y que no difiere tanto de lo que hasta ahora había logrado Diputados. Sin embargo, la decisión hizo retroceder a los legisladores para sumar al debate el proyecto del gobierno que, según interpretaron, apuesta a hacer propia una ley marco que fije el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas sin excepción que dependen del Estado.

De todos modos fueron varias las lecturas que atravesaron esta presentación ya que, alcanzado el dictamen, el texto del Ejecutivo no sólo llega tarde al debate sino que se superpone con la agenda legislativa.

 

Etica a medida

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció que todo magistrado y funcionario designado a partir del 12 de Abril de 2016 (fecha del Acuerdo General 09/16) deberá acompañar declaración jurada patrimonial en el primer acto de presentación de toda la documentación exigida para el cargo, y con anterioridad a la toma de posesión. Además, el alto cuerpo recordó a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial en funciones la obligación de presentar y actualizar periódicamente sus respectivas declaraciones. No obstante esta obligación, estos documentos siguen siendo privados también en ese Poder, donde están algunas de las remuneraciones más importantes del Estado.

Actualmente, en la provincia rige la Ley 3.886/53, que en su artículo 9° reza: “Las declaraciones juradas se presentarán bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto”, y sólo podrán ser abiertas en tres casos: “En los supuestos previstos en el artículo 10° (investigaciones sobre enriquecimiento ilícitos); a pedido de sus firmantes o sucesores; a requerimiento del juez o autoridad competente”.

Bordet, transparencia y denuncias

El lunes, en el marco del acto de celebración del Día de la Bandera en Federal, Bordet elogió la figura de Manuel Belgrano y enfatizó: “Los actos transparentes de gobierno deben ser un norte, y en Entre Ríos no puede ni debe haber lugar para la corrupción ni para quienes se aprovechan de los bienes del Estado. Esa será una consigna que marcará mi gestión de gobierno, para que nadie en esta provincia pueda usufructuar fondos públicos en beneficio personal”.
El mandatario lanzó tal frase en medio de las denuncias de la justicia federal contra ex funcionarios nacionales, pero también hay casos en la provincia de denuncias que avanzan a paso lento, algunas que implican a funcionarios o legisladores del propio gobierno provincial. Puede mencionarse, así, al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; al ahora ex gerente general del Instituto del Seguro (IAPS), Martín Fernández; al presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, procesado por su cargo de ex intendente de Chajarí. También engrosan el listado el secretario del Senado y cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y a varios legisladores, como los casos del propio presidente de la Cámara Baja y su antecesor, Sergio Urribarri y José Allende, respectivamente, o los diputados Pedro Báez y Juan Carlos Darrichón, ex intendente de Diamante. A ello hay que sumarle que la semana pasada tuvo que abandonar el cargo el presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, acusado por llegar al cargo de modo inconstitucional.(RecintoNet)

 

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