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El jardinero y ex coordinador de Cultura en Entre Ríos, denunciado por lavado
2 julio, 2016, 1:53 pm
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Barreiro

Paraná.(RN).- Conocido como “el jardinero” de la familia Kirchner,  Ricardo Barreiro quedó otra vez bajo la lupa de la Justicia. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó una denuncia ante la Justicia federal de Rosario para que investigue si el patagónico integra un conglomerado de empresas sospechada de lavar millones a través de supuestas exportaciones. Barreiro estuvo contratado en la provincia como coordinador del Ministerio de Cultura que conduce el ahora diputado Pedro Baez.

La denuncia de la Procelac quedó en manos del juez federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, y el fiscal del fuero, Mario Gambacorta, quienes deberán determinar, además, si las ramificaciones de las sociedades llegan a Los Monos, la banda narco a la que se investiga por supuesto lavado desde octubre pasado.

Dirigida ahora por los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, la Procelac radicó su denuncia tras un completar un análisis propio, que incluyó datos aportados por otros dos organismos del Estado. Por un lado, las áreas de investigaciones contra el Narcotráfico y Control Aduanero de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y, por el otro, la Unidad de Información Fiscal (UIF).

Conocido como “el jardinero” de los Kirchner -en realidad fue cuidador de la residencia familiar en El Calafate-, Barreiro acumuló durante los últimos años diversos títulos y puestos públicos, hoteles, restaurantes y empresas de transporte en Santa Cruz y en Tucumán.

Pero mientras Barreiro incrementaba su patrimonio, también sus hijos se unieron al círculo de los Kirchner. Pablo se convirtió en asistente personal de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su otro hijo, Sebastián, trabajó como policía junto con la custodia presidencial.

Según la denuncia de la Procelac, Barreiro podría encontrarse detrás de “un grupo familiar de personas jóvenes y sin antecedentes comerciales, con un perfil económico que no justificaría los montos de las operatorias realizadas en apenas tres meses del año pasado”, entre agosto y noviembre de 2015.

Para eso, la unidad fiscal requirió que se investigue a Frutos del Oeste SRL, Finca Los Aromas SRL, Indofrut SRL y Comercializadora de Cuyo SRL; también, a tres hombres de apellido Siboldi -Sergio Martín, Sergio Luis y Ramiro Raúl-, a Flavio Ayelén Albornoz, Justo Faustino Domínguez, Gloria Escobar, Selene y Carlos Vespuccio, y a la ex concejal peronista de Villa Gobernador Gálvez, María Carmen Murabito, consigna hoy el diario La Nación

Domicilios del Fonavi

Los nexos entre Barreiro y Murabito se corporizan en dos empresas. Una es Los Antiguos Patagones SRL, que controla un hotel con paredes de chapa y madera, junto al Lago Buenos Aires, en Santa Cruz, a cinco kilómetros de la frontera con Chile.

Murabito admitió que el hotel sigue siendo de ella ante la consulta de LA NACION, aunque dijo desconocer que “su amigo” Barreiro haya sido su socio. El empresario patagónico viaja seguido a Rosario, donde fijó su domicilio en el edificio de Laprida 1832, en pleno centro de la ciudad.

“Ahora nos va mal, aunque prefiero mantenerlo. Antes teníamos 30 empleados y en este momento quedan sólo cuatro -planteó Murabito-. Lo que publican los medios sobre los escándalos de corrupción en Santa Cruz nos ha perjudicado mucho”.

La otra firma que comparten Barreiro y Murabito es BM Constructora SA, la firma que lleva las iniciales de sus apellidos. La crearon en 2011 para la compra, venta y edificación de inmuebles. Su domicilio legal es San Martín 2635, de Villa Gobernador Gálvez, pero allí no hay nada que se parezca a una empresa constructora, según confirmó este diario.

Para la Procelac, de todos modos, el enlace clave del entramado sería Carlos Vespuccio, quien -según admitió Murabito a LA NACION- es su empleado, mientras que los domicilios de otras empresas en la periferia rosarina aportan sorpresas.

Por su parte, la firma Indofrut fijó su domicilio Pasaje Escalante 6550, en la zona sur de Rosario, para la supuesta exportación de frutas. Como socio figura Sergio Luis Siboldi, de 54 años, casado con una mujer de apellido Cantero, el mismo de la banda de Los Monos. Este diario se intentó comunicar varias veces con él, pero no respondió los mensajes.

El domicilio de Frutos del Oeste SRL -también dominada por los Siboldi-, en tanto, sería en el tercer piso de un complejo Fonavi, ubicado en Alzugaray 725. A 50 metros de allí, en una casa con un portón negro, al lado de una agencia de quiniela, se radicó otra exportadora de frutas, Finca Los Aromos, que se conformó el 16 de octubre de 2015, un día después de que Indofrut. Esa compañía está a nombre de Justo Faustino Domínguez, de 55 años, quien vive en Villa Gobernador Gálvez, y Flavia Ayelén Albornoz, de 25 años, de apellido materno Báez.

La otra empresa donde se repite el apellido Siboldi es Comercializadora de Cuyo, creada el 22 de julio de 2015, en Melincué 6133, a cuatro cuadras de la “sede” de las otras empresas, detrás del casino City Center, de Rosario. Los socios de esa otra exportadora de frutas son Gloria Escobar y Ramiro Siboldi. El gerente es Diego Héctor López, de 39 años, quien también vive en Donado 746, un complejo de viviendas públicas.

De exonerado en 1991 a millonario

Ricardo Barreiro

Profesión: empresario

Edad: 59 años

Origen: Santa Cruz

En 1991 fue exonerado como administrador contable en la intendencia del Parque Nacional Los Glaciares. Lo despidieron por manejo administrativo negligente. Empezó a dar clases de contabilidad en un colegio secundario de El Calafate

Conocido como el “jardinero” de los Kirchner -fue cuidador de la residencia de los gobernadores en El Calafate-, el patrimonio de Barreiro comenzó a crecer. Acumuló allí un complejo de cabañas, una compañía de colectivos, la concesión de un empresa de envíos y un restaurante en el centro de esa ciudad. También, el hotel Altos de Amaicha, uno de los más prestigiosos de la zona

Con el arribo de los Kirchner a Buenos Aires en 2003, recibió varios títulos y ocupó algunos puestos públicos. Lo contrató el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue “embajador cultural” de Clorinda, Formosa, y coordinador en el Ministerio de Cultura de Entre Ríos

En 2010, Barreiro contactó a Mario Rotundo con el objetivo de comprarle la herencia de Juan Domingo Perón, pero se frustró la millonaria operación

Un repaso

Barreiro fue denunciado periodísticamente el domingo 12 de mayo de 2013, en el programa “Periodismo para Todos”, de Jorge Lanata, por su crecimiento patrimonial. Allí fue señalado como un testaferro del difunto presidente Néstor Kirchner y la ahora exmandataria nacional Cristina Kirchner. En un informe se indicó que el “jardinero” devino en poco tiempo en multimillonario empresario hotelero y gastronómico.

El 15 de mayo de 2013 el director del sitio Río Bravo, Ignacio González Lowy, descubrió que Barreiro tenía un cargo en Entre Ríos. En rigor, se conoció el texto del decreto N° 3.793, del año 2012, por el cual entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, nombraron al empresario como funcionario del Gobierno. El cargo que le dieron fue coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.

Además se conoció que en diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.

A raíz de ello el abogado Guillermo Mulet lo denunció poco días después de la publicación periodística y la justicia comenzó a investigar.

El “ex jardinero” de la residencia de los Kirchner en El Calafate está procesado en Entre Ríos desde agosto de 2014 (por el Juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi) porque habría introducido datos falsos cuando se inscribió como proveedor del Estado en la Dirección General de Contrataciones. En rigor, la fiscalía lo acusa de haber ocultado que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación, que finalmente ganó.

En noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento.(RecintoNet)

 

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