Agencia de Noticias Legislativas de Entre Ríos – Argentina

Los colaboracionistas de gobiernos de facto del 76 en adelante y sus funcionarios no podrán ejercer cargos públicos en ninguno de los tres poderes del Estado. Así quedó aprobado hoy por 24 votos a 16 y cinco ausencias y casi siete horas de sesión. Además de la Comisión de Redacción, venidos en segundo giro y sobre tablas, quedaron sancionados una treintena de textos. El pleno vuelve sesionar el lunes a las 9.

La sesión

Con un cambio en el orden del día, el pleno aprobó el dictamen de mayoría por el que quienes hayan participado en gobiernos de facto no podrán ejercer funciones públicas. El debate enfrentó al bloque mayoritario entre cuyos integrantes coincidieron Rosario Romero, Raúl Barrandeguy y Julio Federik en defensa de la nueva redacción y para desestimarla Zulema Schoenfeld no ahorró palabras como la Coalición, la UCR y VER. El despacho, que tuvo minoría y disidencias, y que motivó una discusión sobre los alcances de Redacción para modificarlo, quedó sancionado por 24 a 16 votos luego de un cuarto intermedio en el que se modificó el texto.
Y al fundarlo en el recinto, la convencional Romero dijo que «algunos haciéndonos cargo de un tiempo reciente pusimos en duda un tiempo verbal. Esta claro que si hablamos de delitos de lesa humanidad en este tipo d delitos, hay principios del derecho penal que ceden» y agregó: «Nos hacemos cargo de la historia reciente y de todo el dolor» aseguró al tiempo que advirtió que el Estado no puede hacerse el distraído respecto del compromiso con el sistema democrático».

Luego, dijo: «Es una norma que recepta la memoria reciente» dijo Romero y propuso que la norma se revise sobre el final agregando una cláusula de compromiso democrático no sin antes mencionar las posiciones críticas que muchos mantuvieron contra leyes como el punto final, obediencia debida, y los indultos. «Este capítulo de la historia sólo salda con memoria, verdad y justicia, pero también nos hacemos cargo de que no podemos aplicar leyes penales con retroactividad y adelantó que será un requisito de idoneidad este compromiso democrático par a la función pública» .

A su término, Zulema Schoenfeld (FJpV) se distanció de «esa posición arrime» dijo categórica para asegurar que el texto le causó «sorpresa» porque fue modificado «sustancialmente» respecto del ya sancionado «por unanimidad» el 30 de julio.

«Ni olvido ni perdón. Verdad y Justicia» reclamó Schoenfeld, ya visiblemente enojada, que objetó además que se había quitado del texto el término democrático.

A su turno, Raúl Barrandeguy afirmó que «No somos el resultado de una maniobra oportunista» y trajo al recinto algunos hechos históricos como el atentado al ex gobernador Cresto. «Este despacho cierra hasta donde hemos podido» este tema admitió y Nelio Calza (FJpV) ofreció una modificación para que el artículo exceptúe a quienes hayan ingresado a la función democráticamente.

Ya pasado el mediodía, Emiliano Acharta (CC) se identificó con la posición de Schoenfeld y también tomó los conceptos de Zabala acerca de la imposibilidad de que Redacción modifique el espíritu de un texto y adelantó su rechazo al despacho como lo hizo Américo Schvartzman (PS) respaldado en casos testigos y numerosos tratados internacionales.

Celeste Pérez (FJpV) utilizó versos de Pablo Neruda para reclamar que quienes ejerzan cargos sean producto de la democracia mientras que Juan Carlos Cresto extremó la posición pidiendo que sean excluidos de toda actividad democrática y relató al pleno experiencias familiares como el atentado a su padre y algunas personales no sin responsabilizar a la sociedad por su omisión ante la dictadura militar.

Augusto Alasino (VER) buscó sintetizar su posición y trajo al recinto las leyes de punto final y obediencia debida y pidió «la misma vara para todos». También habló de la Corte Suprema asegurando que la del peronismo «nunca tuvo un (Eugenio) Zafaronni que fue juez de Onganía y de Videla» y opinó que «no se puede tener piedad con los colaboradores del golpe del 74″. Y, remató:»Con ellos hay que ser impío. Si queremos que no sean cerremos la puerta» ofertó Alasino al tiempo que formuló un agregado al texto.

Cuando habían pasado cinco horas de sesión, Fabián Rogel (UCR) quien invirtió el análisis del texto aclarando que no condena sino que defiende la democracia y aseguró que el debate jurídico de la Constituyente es aquel que no tuvieron varios desaparecidos y admitió que es imposible caminar por los pasos de las particularidades aunque como Cresto dijo que la sociedad no estuvo atenta e insistió con la propuesta en minoría.

Julio Federik (FJpV) dijo que el artículo tercero establece una inhabilitación especial y aseguró que si no se modificaba «nos volteaban» el texto en Tribunales. Aseguró que no pueden aplicar leyes retroactivas. Aseguró que tienen «ganas» de sancionar a todos los colaboradores de la dictadura pero que lo importante «es que la norma sirva». Y explicó: «Si no hay una prohibición expresa previa no sirve» y como Rogel invirtió la carga del texto «no le decimos a los ciudadanos, sino al Estado» y en otro tramo se ocupó de contestarle a Schoenfeld: «No tenemos nada que tapar, queremos que se conozca más» pero «sería gravísimo que nos la declararan inconstitucional» y dijo que el tema debe plantearse «al revés» para que el Estado aplique la prohibición.

Miguel Carlin (FJpV) puso otra diferencia «juicio y castigo, pero con la ley» mostró al pleno como cualidad distintiva y, como suele hacerlo, fue al derecho comparado para exhibir que la redacción es acertada.

Finalmente y antes de la votación, hubo un cuarto intermedio para ajustar la redacción tras el cual José Ángel Allende replicó al pleno el modo en que se había tratado el tema y se retiró del recinto. La UCR y el PS votaron negativamente, y en el último caso, con quejas por el procedimiento. En la votación el texto quedo sancionado por 24 a 16 votos y cinco ausencias

El dictamen

«La Constitución Nacional y ésta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro medio distinto de los que ellas disponen.

Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema republicano es insanablemente nulo.

Es condición de idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno no haber desempeñado a partir de l 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en regímenes de facto. Los delitos que se hayan cometido en el ejercicio de la función usurpada no podrán ser objeto de indulto o conmutación de pena.

Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología, serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública. Queda prohibida la institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político.
Los habitantes de la provincia tienen el derecho de resistencia legítima contra quienes ejecutaren los actos de fuerza aquí enunciados.»

Sobre los Registros

Con empleados de los Registros de la Propiedad y Civil los convencionales acordaron reunirse nuevamente en comisión para tratar su pase a la Justicia, tal como se había definido en la sesión del lunes. Para llegar a esta decisión Miguel Augusto Carlín (FJpV) explicó ante el pleno que la reunión que estuvo convocada para el jueves no contó con el quórum necesario para trabajar la propuesta por la que pujan los trabajadores.

De Redacción se sancionaron definitivamente una treintena de despachos

A su vez, la comisión de Redacción trajo al recinto una treintena de dictámenes que quedaron ratificados, en algunos casos, con modificaciones de carácter semántico pero en la mayoría de los textos con la propuesta de Redacción, lo que permitió un ágil tratamiento en el recinto. De este modo, y luego de la sesión celebrada hoy los despachos serán reservados en la comisión hasta el ordenamiento final del nuevo texto Constitucional. Entre los aprobados estaban el referido al nombramiento de familiares en la Administración Pública, más conocida como cláusula anti nepotismo, las que establecen el derecho a la salud y el que protege los recursos radio eléctricos y los medios de comunicación en la provincia. El pleno también aprobó por unanimidad en este segundo giro, el despacho que promueve la desconcentración de los entes, organismos y empresas del Estado y el que protege la propiedad privada, aunque la convencional Flavia Pasqualini (VER) votó negativamente el segundo artículo referido a las empresas planteando que deben contemplarse todos los derechos o ninguno y Zulema Schoenfeld pidió una corrección semántica. En este debate, Héctor Motta intervino para sugerir que se quiten apreciaciones sobre los derechos de los trabajadores ya que es uno de los diez ítems que contempla el pacto de empresarios socialmente responsables. y luego también se debatió si el desarrollo es sostenible o sustentable, aunque el pleno prefirió los dos términos. Después, sancionaron los textos referidos a la ética pública, en el que se adecuó la redacción en las incompatibilidades agregando que no podrán ejercer otras actividades como la docencia «cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo» y el de la publicidad oficial.

Entre los dictámenes que trajo la comisión de Redacción al recinto también estaban los que establecen los derechos de los consumidores y los sexuales y reproductivos como también el derecho a réplica y el despacho sobre el Ministerio Público además del que refiere a Malvinas y la protección del Estado a los ex combatientes, promoviendo su integración socio cultural, el acceso a la educación, a la salud integral y a una vivienda digna. Entre otros, el pleno también sancionó definitivamente las atribuciones del Poder Legislativo y el derecho a la libre Circulación como el que establece la mecánica para el pedido de licencia del gobernador y el vicegobernador.

La distribución del Boletín Oficial, el Defensor del Pueblo, el derecho la Educación y el que establece la protección del Estado a la Familia, Niñez y la Adolescencia también quedaron aprobados en un ágil tratamiento por parte de los convencionales que a su vez ratificaron el Régimen de Trabajo, en el que Juan Carlos Almada (FJpV) pidió agregar el término municipal «porque no estamos contemplados en ningún lado» con lo que coincidió José Ángel Allende y que quedó aprobado como también el tratamiento oficial del gobernador, el vice , los ministros, magistrados y funcionarios judiciales a quienes, una vez sancionada esta Constitución, no será necesario llamarlos Honorables tal como rige hoy.

Finalmente quedaron sancionados los textos sobre el derecho a la vivienda digna, el Régimen Municipal y el Electoral como los que establecen la inconstitucionalidad de cualquier norma contraria a esta Constitución. El pleno vuelve a sesionar el lunes a las 9.

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