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Entre Rios, Los consumidores, protegidos en la Constitución

El pleno sancionó anoche los derechos del consumidor para lo que se creará un ente.El Estado asume varias responsabilidades, como el de educar en el consumo responsable y frenar la competencia desleal

El pleno de la Convención Constituyente consagró anoche los derechos del consumidor con un dictamen que defendieron, dividido en en tres partes, Laura Gastaldi, Guillermo Martínez y Rosario Romero, y, cada uno a su turno, explicó los alcances del texto que se logró unificando el que produjo Control del Estado y Nuevos Derechos que sufrió una modificación en el recinto introduciendo las audiencias públicas y la facultad a los municipios para ejercer el control y la defensa de los consumidores.

“Aspiramos a que ejerzan el poder de policía porque tiene el contacto directo con los prestadores y las empresas” definió la convencional Romero pero Fabián Rogel (UCR) propuso otra alternativa como también Emiliano Acharta (CC) quien precisó la necesidad de especificar el control sobre las concesiones. Luego Santiago Reggiardo (PS) planteó las cuestiones “del lado del usuario y la accesibilidad al servicio y la calidad” a lo que sumó el “consumo responsable” yen relación a los prestadores habló sobre los “monopolios naturales “donde es necesario cuidar por la posición de fuerza la acción del Estado para asegurar la equitativa prestación del servicio”.También Flavia Pasqualini (VER) pidió modificaciones al texto con al supresión del término “en su relación de consumo” mientras que Martín Acevedo Miño (Recrear) adhirió al concepto de la convencional en cuanto a la posibilidad de modernizar esta definición en el marco de la normativa nacional vigente. Nelio Calza (FJpV) tuvo en cuenta la propuesta de Romero de darle a los municipios el control y también sugirió reformas para incluir audiencias públicas.

Raúl Barradeguy, en su calidad de presidente de la comisión de Nuevos Derechos, rechazó los cambios sugeridos y pero Julio Federik, como titular de Control de Estado, fue quien aceptó los cambios que ofertó Calza y Romero, logrando que tras dos horas de debate, quede sancionado por unanimidad el despacho.

El dictamen

“El Estado Provincial garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, en su relación de consumo.
Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios.
Los derechos declarados en el presente son protegidos, controlados y su adecuada prestación, regulada por un ente provincial creado por ley, la que establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios, bajo los principios de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, accesibilidad, eficiencia y obligatoriedad, tanto cuando se trate de prestadores estatales, como cuando estén a cargo de entidades mixtas o privadas. Asimismo el Estado deberá garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo razonable y transparente que incorpore el sistema de audiencias publicas existiendo organismos de defensa del consumidor en los municipios estos ejercerán sus funciones en su jurisdicción” (RN)

 

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Entre Rios, Diputados ya tiene el texto de la Ley de Salud
24 agosto, 2008, 4:02 pm
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La comisión de Salud de la Cámara de Diputados definió el texto por el que se normará el servicio de salud en la provincia y logró unanimidad en su redacción. Resume en su contenido temas tales como la asistencia médica, la autoridad de aplicación, el derecho y política de la Salud, medicina y el sistema provincial de Salud y su financiamiento para el que asigna

Al definir su objetivo la iniciativa, a la que accedió RecintoNet, propone ”garantizar a todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos el acceso al mejor nivel de salud y calidad de vida, en los términos de la Constitución Provincial, siendo sus disposiciones de orden público” y entiende por “salud” al estado de bienestar físico, mental y social íntegro y no únicamente la ausencia de enfermedad, siendo la salud un derecho humano fundamental.

Consagra la salud de la población como “un bien y un derecho de interés público, tutelado por el Estado provincial, quien tiene por funciones esenciales la vigilancia epidemiológica y las condiciones óptimas de salud, la prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, la regulación, fiscalización y control de las acciones, recursos y servicios de salud, que se brindan a la población”.

Y deja en manos del Poder Ejecutivo “la definición de la política provincial de salud, reconociendo a estos fines la salud de la comunidad como responsabilidad primaria del Estado y la salud individual como responsabilidad compartida entre el Estado, el individuo y la comunidad”.

Establece el derecho a la salud que comprende el bienestar físico y mental del género humano, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida; entre otros temas y define que la política de salud se regirà por principios de universalidad, equidad, calidad, eficiencia, efectividad, sustentabilidad, participación, y la integración funcional.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos debe definir la forma de prestación de la asistencia pública en salud; y establecer los servicios básicos de salud que se brindarán gratuitamente; y fijar, conforme a lo señalado en la presente ley, los niveles de atención en salud y los grados de complejidad, a efectos de determinar y delegar responsabilidades institucionales en materia de prestación de servicios de salud y, en especial, los servicios de urgencia, teniendo en cuenta las necesidades de la población y la cobertura territorial; entre otras obligaciones que se fijaron en más de ocho incisos.

También define los ejes prioritarios para la prestación de la salud pública provincial, en una veintena de incisos y otorga en otra cantidad igual de incisos los derechos de los habitantes en relación al sistema de salud y su prestación.
La iniciativa que reproduce RecintoNet, crea el “Consejo Provincial de Salud” como organismo de debate y propuesta de los grandes lineamientos en políticas de salud y con carácter consultivo, no vinculante y las remuneraciones serán fijadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de la autoridad de aplicación.

Sistema Provincial de Salud

Estará constituido por las dependencias e instituciones de la Administración Pública, tanto provincial como municipal y por las personas físicas o jurídicas del sector privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones para el cumplimiento de la política provincial de salud y estará integrado por la red de hospitales, el ministerio, entidades de medicina prepaga y colegios de profesionales, entre otros y desarrollará acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, de docencia e investigación, teniendo en cuenta las condiciones biodemográficas, epidemiológicas, sanitarias, ambientales, económicas y socioculturales existentes en la Provincia.

El sector Salud estará integrado por todas las personas físicas o jurídicas y estará conformado por los Sub-sectores Estatal y Privado en el que confluirán todas las entidades públicas que dirijan o presten servicios de salud, como las entidades descentralizadas del orden provincial y municipales y las públicas de seguridad social, en lo pertinente a la prestación de servicios de salud.

Sobre el financiamiento que rige para el funcionamiento del Subsector Estatal se encuentra garantizado por la asignación y ejecución de recursos incluidos en el presupuesto específico de salud, el que está constituido por:
a) partidas presupuestarias provenientes de la recaudación de rentas generales de la Provincia en cada ejercicio, que contemplarán los recursos adecuados que aseguren la implementación de la totalidad de los programas y servicios sanitarios indispensables; ingresos provenientes de los servicios sanitarios prestados y venta de productos a terceros por el subsector estatal; ingresos provenientes de convenios de cooperación para docencia, investigación y ejecución de programas y acciones sanitarias específicas; préstamos o aportes nacionales e internacionales; y legados o donaciones.
En ningún caso el presupuesto anual de la Unidad de Organización Ministerial de Salud Pública será inferior al diez por ciento (10%) anual del Presupuesto General de la Provincia, porcentaje que se irá incrementando en el uno por ciento (1%) anual como mínimo, hasta lograr un piso del quince por ciento (15%) anual del Presupuesto General de la Provincia.

Además, crea el “Seguro Provincial de Salud”, cuyos beneficiarios serán todos los habitantes de la Provincia que no cuenten con cobertura explícita de atención médica a través de seguros obligatorios o voluntarios con criterios de equidad, integralidad de atención, accesibilidad, calidad, sustentabilidad y responsabilidad.

 

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Entre Rios, Servicios Públicos: Definieron su control en la Constitución

La comisión de Control del Estado definió anoche como se controlará la prestación de los servicios públicos en la provincia y para ello tomó como texto marco el que produjo la comisión de Nuevos Derechos con la intención de alcanzar entre ambos y según lo definió Julio Federik (FJpV) “un texto único”.

En razón de ello, los convencionales lograron cerrar el tema sin mayores inconvenientes y desde la perspectiva de Federik y Raúl Barrandeguy (FJpV) la inclusión de esta redacción en la Constitución será “fundacional” a raíz de que no existe en la provincia un organismo que controle todas las prestaciones.

Luis Márquez (FJpV) introdujo otra cuestión en la reunión y fue la relativa a la cantidad de organismos que se crean a partir de esta reforma, cuestión en la que había recalado antes Nelio Calza (FJpV) en la idea de buscar un órgano central. Por su lado,Federik planteó que “alguien tiene que cuidar y controlar los servicios públicos y que estos obedezcan a una sola política y en cuanto a las erogaciones observó que la mayoría de los entes que se han fundado son ad honorem como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, el Consejo Asesor Económico y Social, y el Tribunal de Cuentas

Otro de los temas de la reunión fue la propuesta del convencional Daniel Zabala para crear un Tribunal fiscal, proyecto que resolvieron remitir a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados de la provincia, aconsejando su tratamiento, mientras que se resolvió el archivo del proyecto sobre auditoría porque entendieron que parte de su contenido estuvo plasmado en el nuevo Tribunal de Cuentas.
A su vez, los convencionales aprobaron modificar el texto del defensor del Pueblo en lo relativo a los votos que necesitará en la Legislatura para su pliego que en vez de mayoría absoluta será de dos tercios.

El dictamen


“El Estado provincial garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, en su relación de consumo. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios.

Los derechos declarados en el presente son protegidos, controlados y su adecuada prestación regulada por un ente provincial creado por ley, la que establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios bajo los principios de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, accesibilidad, eficiencia y obligatoriedad, tanto cuando se trate de prestadores estatales, como cuando estén a cargo de entidades mixtas o privadas. Asimismo y obligatoriamente deberá intervenir en el proceso de concesión del servicio y en la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente.