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Entre Rios, Concurso 25: Senadores no darán el desafuero a sus pares

Senadores acordaron no desaforar a los pares que integraron la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en la gestión pasada y que produeron el dictamen favorable para votar el acuerdo a los pliegos del concurso 25. Para Argain el pedido de la Justicia para proceder en ese sentido “tiene errores técnicos” puesto que “hay varios legisladores que ya no están en la función; porque la exigencia para lograr el desafuero sólo se remitió al Senado y , finalmente, porque se hace extensiva a todo el cuerpo.

“Asuntos Constitucionales recomienda el tratamiento de los pliegos” recuerda hoy el entonces presidente de esa comisión en la cámara alta , Darío Argain, quien apunta también que hubo unanimidad al momento de tratar y aprobar el dictamen más conocido como “concurso 25” en un cuerpo que tenía más de una expresión política.

Argain también pregunta, en diálogo con Recintonet, por qué en el proceso de judicialización del concurso “se afectaron cinco pliegos por un solo cargo” y, como lo hizo hace más de un año, volvió a indagar acerca de las razones que movieron a la Justicia a “no utilizar otros mecanismos incluso con anterioridad a la sesión en la que ingresó la prohibición de votar los pliegos” y cuya orden conocieron a través de la prensa.

“No es judiciable decir que se nombre a determinadas personas en un cargo. El Poder Ejecutivo confecciona el decreto y también interviene, previamente, el Consejo de la Magistratura. Hay instancias previas y posteriores, pero en este caso se buscó la más delicada” advirtió el diputado a este portal.

Y, refiriéndose a aquellos dìas del 2007, aseguró: “Teníamos el derecho constitucional y una decisión ética y moral de cumplir con el mandato del pueblo, pero si la cuestión era obedecer la prohibición de la Justicia, abandonábamos nuestro deber como legisladores y entonces debíamos renunciar” rememoró.

De aquellos senadores hay varios que repitieron el mandato como Eduardo Melchiori (PJ-Islas) y Hector Strassera (PJ- Concordia) pero de los que integraban la comisión quedan Carlos Garbelino (PJ-Victoria) y Victorio Firpo (PJ-Feliciano). Y, para los que ya no están en la función” intentaremos ser solidarios y encontrar una manera de actuar en consecuencia” aseguró Argain que a su vez recalcó que desde el Senado se buscó el rol más contemplativo.

Finalmente puntualizó que en el Senado “ya se tomó la decisión de no desaforar “ aunque en Diputados no se ha concretado ninguna reunión por el tema porque el reclamo de la Justicia llegó sólo a la Cámara alta y ahora el tema está en manos de asesores y abogados.

El caso

La sentencia que prohibía la aprobación de los pliegos al Senado y al Ejecutivo la confección de los decretos, se produjo a raíz de la medida cautelar interpuesta por Mario Quinteros, Juez titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná y actual Vocal interino de la Sala I de la Cámara II de esta ciudad.

Por esa presentación, el STJ resolvió previa “caución juratoria” del interesado, “disponer la suspensión –en el ámbito del Senado de la Provincia y del Poder – del procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir los cargos de Vocales de las Cámaras II y III con competencia en lo Civil y Comercial (de la capital entrerriana) que reconozcan como antecedente el Concurso Nº 25 convocado mediante Resolución Nº 117/06 del 20/02/06 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y ordenar al titular del Poder Ejecutivo Provincial abstenerse de producir los nombramientos respectivos.

Los pliegos en cuestión son los de Gabriela Teresita Mastaglia -propuesta para ser nombrada Vocal de la Cámara II, Sala I, con competencia Civil y Comercial, y de la Ana María Celia Stagnaro propuesta para su designación como Vocal de la Cámara III, Sala II, con competencia Civil y Comercial.

Luego y tras el acuerdo a los pliegos, el presidente del STJ, Daniel Carubia remitió al Ministerio Público Fiscal, fotocopias certificadas de las actuaciones que judicialmente se sustancian por acción Quinteros, ante el posible delito penal de acción pública, por la aprobación de los pliegos , aunque los legisladores insistieron en su facultad constitucional de avanzar en el tratamiento de los pliegos.(RN)

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