Agencia de Noticias Legislativas de Entre Ríos – Argentina


Es ley el carácter docente de preceptores frente al grado
25 noviembre, 2009, 3:01 pm
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El Poder Ejecutivo promulgó bajo el número 9933 la ley por la que se iguala el acceso a la jubilación de celadores, preceptores y docentes. Publicada en el Boletín Oficial de este martes, la norma fue impulsada por el diputado Jorge Kerz (PJ) y defendida durante su sanción definitiva en el Senado, por José Luis Panozzo (PJ- Federación) quien aseguró que el tema era “un pedido histórico” al tiempo que resaltó que “es protagónica la tarea del preceptor en la escuela actual, donde cumple tareas de contención y comunicación permanente entre todos los actores del proceso educativo”.

La ley, textual – LEY Nº 9933
– La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, sanciona con fuerza de
– LEY:
Art. 1º – Reconócese el carácter docente al frente directo de alumnos a los servicios prestados por los preceptores y celadores docentes que se desempeñen en los establecimientos educativos provinciales de diferentes niveles y modalidades a los efectos de acceder a la jubilación ordinaria especial correspondiente a la Ley Nº 8732, artículo 37º.

Art. 2º – Modifícase el artículo 37º inciso “c” de la Ley Nº 8732, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los docentes, preceptores y celadores docentes con cincuenta y cuatro (54) o cincuenta y dos (52) años de edad según se tratare de varones o mujeres, respectivamente, y veinticinco (25) años de servicios al frente directo de alumnos”.

Art. 3º – Comuníquese, etc.-

Paraná, Sala de Sesiones, Paraná, 27 de octubre de 2009
– José Eduardo Lauritto
@FIRMAS 2 = Presidente H.C. de Senadores
– María Mercedes Basso
@FIRMAS 2 = Secretaria H.C. de Senadores
– Jorge Pedro Busti
@FIRMAS 2 = Presidente H.C. de Diputados
– Jorge Gamal Taleb
@FIRMAS 2 = Secretario H.C. de Diputados
Paraná, 19 de noviembre de 2009
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese,
dése al Registro Oficial y archívese.
– SERGIO D. URRIBARRI
– Adán H. Bahl
Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y
Servicios Públicos, 19 de noviembre de 2009. Registrada en
la fecha bajo el Nº 9933. CONSTE – Adán Humberto Bahl.

 

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Cuestionan el centralismo económico del modelo kirchnerista
20 noviembre, 2009, 6:41 pm
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ue ayer por la noche, en el salón del Centro de Estudios Superiores de Entre Ríos (CESER) y en el marco de las jornadas de capacitación y seminarios que desde este instituto y la Juventud del Peronismo Federal se han propuesto realizar con el fin de crear espacios de reflexión sobre la realidad política y social del país.

Además de contar con la presencia de Busti como máximo disertante, también estuvieron presentes Gustavo Zavallo, Daniel Welschen y Sebastián Aguilar.

Bajo el título “Federalismo en la Argentina de Hoy”, el tres veces gobernador de la provincia dedicó su exposición a trazar un recorrido político y social desde principios de la década del 70 hasta la fecha, remarcando en principio el regreso de Perón al país, centrando su mensaje en la necesidad de construir una unidad nacional donde el concepto sea que “para un argentino no hubiera nada mejor como otro argentino”.

“En ese momento, – dijo – Perón planteaba la importancia de poder visualizar y construir entre todos los argentinos un federalismo autentico, centrado en la unidad nacional del pueblo y la democracia participativa“; y haciendo un punto comparativo destacó que “hoy, esa necesidad de federalismo autentico se pierde, se distorsiona con la estrategia del kirchnerismo de plantear constantemente la relación amigo-enemigo, creando la crispación general en la sociedad argentina”.

Por ello, Busti cree que “hoy más que nunca se debe inculcar en la juventud la defensa del federalismo porque ésta no es una frase hueca sino justamente es salud, educación, empleo y justicia”; para luego reflexionar que a través de los años “todos estos servicios se fueron pasando del gobierno nacional al provincial y, producto de ello, se fue tergiversando el sistema federal y concentrando todo en el gobierno nacional”.

“Entonces hoy vemos en el presupuesto 2010 que solo el 23% de los recursos van a venir a las provincias, cuando el 50 % del gasto publico nacional está en las mismas provincias. Es una ecuación que indudablemente no cierra”, afirmó el referente del Movimiento Peronismo Federal en Entre Ríos, ante un auditorio colmado de jóvenes, estudiantes y profesionales.

Desde este punto, Busti dio a entender que para el futuro inmediato se necesitan estrategias que construyan unidad entre los argentinos y los partidos, para el desarrollo integral de un país que vuelva a accionar bajo los intereses del pueblo: “Debemos trabajar por mas coparticipación y la construcción de la unidad nacional representadas en cuatro o cinco ideas eje que signifiquen la voluntad de la mayoría de las fuerzas democráticas para que en el 2011, cualquiera sea el que gane, Argentina tenga una perspectiva de futuro para trabajar para adelante”.

Zavallo, Welschen y Aguilar confiaron en el Federalismo como verdadera alternativa de cambio
Por su parte, también disertaron el legislador nacional Gustavo Zavallo, el asesor parlamentario Daniel Welschen y el docente del CESER, Sebastián Aguilar.

Los tres, desde sus diversas exposiciones, coincidieron en manifestar como única alternativa posible de cambio para el mejoramiento de las instituciones y la realidad social del país al federalismo y la unidad nacional de las provincias.

De esta manera, los disertantes entendieron que el centralismo debía llegar a su fin y para ello debía plantearse una nueva relación nación-provincia, en la cual la primera brinde las condiciones necesarias para que las provincias no sigan en el constante retroceso social actual.

Y manifestaron que el rol de la juventud hoy por hoy es esencial ya que entienden que el país necesita de jóvenes capacitados que se involucren en el trabajo comunitario y ayuden a repensar un país más federal y más participativo. (RecintoNet)

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El diputado Flores, interesado en la ejecución de obras en escuelas

Para eso se reunió con el ministro Bahl. “Tenemos el desafío de construir una sociedad más justa, y para ello es indispensable garantizar el derecho de todas las personas al sistema educativo” dijo el legislador.

El diputado provincial, Horacio Fabián Flores (PJ) mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, Cr. Adán Bahl y el Director General de Arquitectura y Construcciones, Oscar Marelli, con quienes analizó la ejecución de obras de emergencias en instituciones educativas del Departamento Uruguay.

Al término del encuentro , Flores dijo que es en el campo de la educación donde se prefigura el futuro de los países y el bienestar de las futuras generaciones y que sólo una educación de calidad para toda la población permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, que
guíen una estrategia de desarrollo sustentable, siendo estos tres objetivos indisociables, porque no tendremos crecimiento económico sostenido sin justicia social y ciudadanía, como tampoco lograremos
justicia social y ciudadanía sin crecimiento económico. Tenemos el desafío de construir una sociedad más justa, y para ello es indispensable garantizar el derecho de todas las personas de acceder, permanecer y egresar en el sistema educativo, afirmó Flores.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión de Obras Públicas de la cámara baja entrerriana detalló las obras de emergencias a ejecutarse en las instituciones educativas del Departamento Uruguay : Escuela Nº 23 ” Alejo Peyret” (Rocamora) $ 47.940,08 para la ampliación de cubierta y cerramiento del Salón de Usos Múltiples(SUM), Escuela de Educación Tecnológica (EET) Nº 79 ” Dr. José Benjamín Zubiaur”(Basavilbaso) $ 49.989,05 para la cubierta de techo y galería, Escuela Nº 47 ” Maestro Isaías Torres” (Basavilbaso) cubierta de
techo y jardín $ 41.221,15; Escuela Nº 13 ” Diego Fernández Espiro ” (Pronunciamiento) $ 22.947,68 reubicación Biblioteca Gral. San Martín” y Escuela Nº 95 Novibuco Uno (Basavilbaso) $ 20.824,94 para la
cubierta de techo y galería.

Finalmente, el legislador confirmó que el miércoles 10 de septiembre se efectuará la licitación pública para la construcción de dos aulas nuevas para la centenaria Escuela Nº 10 “Dolores Costa de Urquiza” de
Villa San Justo, que tiene un presupuesto oficial de $ 303.557,61 y un plazo de ejecución de los trabajos de 120 días corridas.(RN)

 

 

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Juicios al Estado: La provincia tiene un “Cuerpo de Abogados” que la defienda
3 septiembre, 2008, 10:34 am
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El Poder Ejecutivo creó, por decreto, un “Cuerpo de Abogados del Estado” que funcionará en el ámbito de la Fiscalía de Estado, y en base a la reorganización de algunas asesorías legales. El decreto 3916,al que accedió RecintoNet, asegura que con esta decisión se dotará de mayor “eficacia” a la provincia y que no se incrementarán los gastos ya que estará compuesto por los actuales asesores letrados de los Ministerios y de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y permanecerán administrativamente dentro de la estructura orgánica de sus respectivas reparticiones, según dice la norma que se publicó en el Boletín Oficial. Este “cuerpo de abogados” deberá luego sincronizar sus tareas con la Fiscalía que regirá cuando se sancione la nueva Constitución ya que, durante el trabajo en comisiones, también hubo cambios para ella.

Textual, lo que dice el decreto
DECRETO Nº 3916 GOB
– CREANDO CUERPO DE ABOGADOS
– Paraná, 3 de julio de 2008
VISTO:
La necesidad de articular y asegurar el control de legalidad y la defensa en juicio de la Provincia de Entre
Ríos, y;
CONSIDERANDO:
Que el actual funcionamiento y composición de la administración pública provincial hace necesarioreorganizar sus distintas Asesorías Legales en miras a optimizar la defensa de los intereses del Estado Provincial;
Que el Cuerpo de Abogados del Estado es una herramienta adecuada para lograr una mayor eficacia y coordinación en la esencial tarea de asistencia jurídico-técnica de la Administración Pública, a fin de obrar dentro del orden jurídico expreso o implícito;
Que dentro de este marco no debe soslayarse que si bien la Constitución de la Provincia le encomienda al Fiscal de Estado la defensa del patrimonio del Fisco y la legitimación para intervenir en los juicios contenciosoadministrativos y en todos aquellos en los que se controviertan los intereses del Estado, no debe minimizarse el rol de las distintas Asesorías Legales de los Ministerios, dependencias y/o entidades de la Administración Pública Provincial Centralizada o Descentralizada, quienes también cumplen una tarea de asesoramiento jurídico-técnico coadyuvando al Fiscal de Estado y en definitiva a la más efectiva defensa de los intereses del Estado Provincial;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior y siguiendo la moderna doctrina se estima conveniente y necesario constituir el Cuerpo de Abogados del Estado Provincial en el ámbito de la Fiscalía de Estado a fin de realizar el control de legalidad y la defensa de los intereses públicos

Que la creación no genera mayores gastos de los que se están generando en la actualidad con el
funcionamiento de las distintas asesorías letradas tratándose sólo de un mejoramiento estructural para una
mayor eficacia de la administración y de los administrados; Por ello;
– El Gobernador de la Provincia
– DECRETA:
Art. 1º – Créase el cuerpo de Abogados del Estado de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos, para la colaboración en la tarea de control de legalidad y defensa del patrimonio de la Provincia, de la
Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada.

Art. 2º – El cuerpo de Abogados del Estado creado por el art. Anterior, dependerá técnicamente del Fiscal de Estado de la Provincia a los fines previstos en el Art. 1º de la Ley 7296.

Art. 3º – El cuerpo de Abogados estará integrado por los actuales asesores letrados de los Ministerios y de las
distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. Sus integrantes
permanecerán administrativamente dentro de la estructura orgánica de sus respectivas reparticiones, en el cargo designado por el presupuesto vigente, manteniendo la actual situación de revista y cumpliendo sus actuales tareas, con dependencia según los términos fijados en el Art. 2º del presente.

Art. 4º – Son funciones del Cuerpo de Abogados del Estado Provincial:
1. Dictaminar en todos los casos que les fueran encomendados, indicando la remisión de las actuaciones al
Fiscal de Estado sólo en los casos y en la forma prevista en la Resolución Nº 019/01 FE la que se encuentra
plenamente vigente.

2. a- Remitir al Fiscal de Estado en el término de 24 Hs. – con trámite preferencial y urgente- toda notificación
judicial que disponga el traslado de demandas contra el Estado Provincial adjuntando -cuando fuere posible los
antecedentes del caso para la mejor y más eficaz defensa de los intereses de la Provincia.

b- Cuando se trate Entes autárquicos y/o Descentralizados, estos deberán remitir al Fiscal de Estado, el proyecto de contestación de cualquier tipo y/o clase de demanda judicial de la que fueran notificados, 15 días antes del vencimiento del plazo otorgado para su contestación, a fin de evaluar la conveniencia de la intervención en el juicio respectivo de conformidad al Art. 5 de la Ley 7296. En los supuestos previsto en los puntos 2. a- y 2. b-, el incumplimiento de la remisión en el tiempo y forma dispuesto en ellos, será considerado falta grave.

3. Substanciar – dice el texto al que accedió RecintoNet- las investigaciones previas y los sumarios que los organismos de la jurisdicción o entidad
administrativa a la que pertenezcan les encomiende, y reparar cuando corresponda el traslado de lo actuado a la autoridad judicial competente.

4. Resguardar la legalidad y el interés público, como basamento del Estado de Derecho.
5. Formar su biblioteca especializada en la medida de sus posibilidades presupuestarias, sin perjuicio de la
reciprocidad existente con la Fiscalía de Estado para el préstamo y/o consulta del material didáctico disponible en ella.

Art. 5º – Todo dictamen que emita el Cuerpo de Abogados del Estado deberá ser fundado, sin perjuicio de la apreciación táctica, doctrinaria y jurisprudencial y de las pautas y/o criterios que fije el Fiscal de Estado de la Provincia. Cuando corresponda la remisión de las actuaciones al Fiscal de Estado (Art. 1º Resolución Nº 019/01 FE), las mismas deberán estar precedidas del dictamen legal que contenga un exhaustivo análisis de los hechos y el derecho aplicable al caso de conformidad a lo establecido en el Art. 2º de la Resolución Nº 019/01 FE.

Art. 6º – Los dictámenes serán, para las partes o representantes de ellas, reservados hasta que la autoridad
consultora publicitare el acto o asunto sobre el que versó la intervención del organismo. La falta comprobada a esa obligación de “reserva” por parte del personal profesional o administrativo integrante del Cuerpo, será considerada falta grave.

Art. 7º – El personal administrativo existente en las distintas asesorías Letradas en la actualidad, así como los
bienes y útiles afectados a las mismas, permanecerán administrativamente dentro de la estructura orgánica de sus respectivas reparticiones, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 3º del presente decreto. El cumplimiento de las tareas encomendadas en el presente al personal profesional no dará derecho a la percepción de asignaciones suplementarias y adicionales.

Art. 8º – El presente decreto será refrendado por el Sr. Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia,
Educación, Obras y Servicios Públicos. Art. 9º – Dejase sin efecto el Decreto Nº 2527/85 MGJE y
toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 10º – DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Las Entidades Descentralizadas, Entes Autárquicos y Sociedades con participación Estatal Mayoritaria, deberán remitir un listado de procesos judiciales en trámite a la
Fiscalía de Estado en el término de 10 días corridos contados a partir de la publicación y/o notificación del
presente Decreto. El incumplimiento de esta disposidón será considerado falta grave.
Art. 11º – Regístrese, comuníquese, publíquese, archívese.
– SERGIO D. URRIBARRI

 

 

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Entre Rios, Los derechos del consumidor volvieron a comisión
15 agosto, 2008, 1:16 pm
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Los derechos del consumidor volvieron a comisión

El pleno rechazó la incorporación de un preámbulo

Por 28 votos a 17 fue rechazada la posibilidad de incluir un preámbulo en la Constitución. Además la Convención sancionó los despachos que dan rango constitucional a la mediación y al derecho a la Salud. El preámbulo fue el debate más intenso de esta sesión ya que en su análisis intervinieron una veintena de convencionales en un debate que se prolongó por más de tres horas. El pleno vuelve a sesionar el jueves 21 a las 17 y viernes 22 a las 9.

La Convención Constituyente celebró hoy la vigésimo cuarta sesión ordinaria y dejó sancionados los despachos que otorgan rango constitucional a la mediación y a los derechos de la salud. A su vez, decisión regresar a la comisión de Poderes y Régimen Electoral el dictamen sobre enmienda en la necesidad de buscar una redacción superadora mientras que idéntico trámite se hará con el despacho de los derechos del consumidor para aguardar el que emanará de Control del Estado relativo a los organismos de control y someterlos al pleno en forma conjunta.

La inclusión del preámbulo tuvo 28 votos positivos en favor del texto que rechaza la incorporación del preámbulo contra 17 negativos que vinieron de Acevedo Miño, Acharta, Alasino, Allende, Cresto, Gustavo Diaz, Gastaldi, Heyde, Márquez, Marciano Martínez, Motta, Pasqualini, Pérez, Pesuto, Schoenfeld, Taleb, y Busti.

El debate

La mediación fue el primer tema del orden del día de una sesión que se inició puntualmente y en la que para abrir el debate Marcela Haiek (CC) fundamentó el despacho y dijo que “una nueva actitud frente al conflicto ofrece la posibilidad de una nueva respuesta” y realzó el rol conciliador de la herramienta que se incluirá en la Constitución. Luego, Adriana de la Cruz de Zabal (CC) celebró el dictamen que “permite la convivencia respetuosa” y Julio Federik centró sus intereses en descomprimir a los “fatigados tribunales” ya que permitirá la resolución de algunos conflictos sin recurrir a ellos mientras que Rubén Villaverde (UCR) realzó la interacción de la figura con la Justicia y Hermo Pesuto (VER) jerarquizó el carácter constitucional de la resolución de conflictos a la que le dio un carácter milenario.

El dictamen

“El Estado provincial promueve y fomenta la comunicación, la utilización, difusión y desarrollo de la instancia de resolución pacífica de las controversias: La mediación, negociación, conciliación, facilitación y arbitraje, como métodos no adversariales de resolución de conflictos”.

El preámbulo no será incluido en la Constitución

Con una lista de veinte oradores el pleno lució como su tema más central el del preámbulo que tuvo para su análisis la comisión de Peticiones. Su presidenta, Rosario Romero, aclaró esa comisión en su trabajo no abordó “el tema de fondo ni en los contenidos de los ocho proyectos como tampoco un juicio de valor porque quien puede negar la importancia de lo que es el preámbulo” dijo Romero al pleno y enumeró todas las cartas constitucionales que lo llevan aunque aseguró que “no debatimos contenidos, sino habilitaciones”

También se refirió a las dificultades que se salvaron para llegar a la reforma y recordó que Moine, cuando impulsó la reforma, propuso específicamente un preámbulo, pero usó ese hecho para contrastarlo con la ley 9768 que –dijo- “no menciona el preámbulo”. Y, añadió: “Lo que no está prohibido está permitido. El obstáculo es que la 9768 en su artículo 4 define que la Convención no podrá apartarse de la competencia de la presente ley” precisó Romero.

Luego, agregó: “No hubo una omisión sino una voluntad del legislador entrerriano que al momento de acordar los temas no incluyó el preámbulo y ese silencio no puede interpretarse como una autorización” invitó la convencional que al cierre de su intervención admitió que personalmente le hubiera gustado incorporarlo.

Le siguió Carlín en el uso de la palabra y fue para destacar la “libertad” de los convencionales del bloque justicialista para manifestarse sobre el tema y adhirió al fundamento de Romero. “El dictado de un preámbulo no constituye un acto de gobierno sino el ejercicio de las funciones que le son propias para insertar un plexo que forma parte de la letra constitucional” definió Carlín para quien “aunque sería bueno que lo tenga” no sería jurídicamente aceptable porque “sería cuestionable”

Celeste Pérez fue categórica en asegurar que “de ninguna manera la 9768 coarta la posibilidad al constituyente de prologar la Constitución de la provincia. Un preámbulo es el corolario y lo que explica el espíritu de quienes hacemos esta tarea que nos compromete con el futuro”. Dijo también que no aceptará “sustos” que les adviertan sobre la inconstitucionalidad de fijar un preámbulo y negó que quienes lo promueven sean objeto del descrédito intelectual. “No voy a dejar una brecha abierta para que se entienda que discutimos la forma cuando en realidad lo que subyace es el fondo”

Barrandeguy pidió el rechazo al preámbulo. Y lo fundó en que la 9768 habilita a “trabajar sobre aspectos legales y no sobre actos reclamativos o de deseos”. Y desde su banca dijo que “esta discusión establece un marco de posibilidades y cierra o abre los debates de acuerdo a que esas posibilidades estén o no autorizadas” y además se refirió a la necesidad de que el Estado sea laico y que se mantenga alejado de las posiciones religiosas.

Américo Schvartzman (PS) también rechazó la aprobación del preámbulo que en el bloque comparten siete de ocho integrantes “Entendemos y así lo señalamos antes de la selecciones que el tema no se encuentra habilitado por la ley de convocatoria y resulta de toda claridad que se encuentra expresamente prohibido” sintetizó el convencional que tomó hechos del 33 para mostrar por qué se hace innecesario el preámbulo.

Zulema Schoenfeld (FJpV) que se manifestó a favor del preámbulo preguntó a sus pares “por qué no pueden considerarlo” ya que la ley 9768 “no dice ni sí, ni no. No creo que el contenido de una síntesis (como ella llamó al preámbulo) sea tan dañina para que se nos declare inconstitucional, si es un prólogo introductorio donde plasmaríamos una síntesis de normas esenciales”. Y, pidió que se incorpore a la versión taquigráfica el proyecto 1020 del que es coautora.

A su turno, Luis Márquez (FJpV) recordó que en la campaña no se había expresado sobre el tema y compartió con Carlín el significado del preámbulo. A lo que sumó que “siendo el preámbulo un texto integrativo del texto constitucional no podrá tocarse si no está habilitado por la ley de la convocatoria” pero trajo al recinto la duda sobre qué hacer si la ley no dice nada al respecto y dejó en manos de una decisión “puramente política” la respuesta.

Luego, añadió: “El primer argumento es literal y el otro -si se quiere- es más interpretativo. El literal no está prohibido. Y, el preámbulo no figura porque no puede reformarse lo que no existe” le dijo Márquez al pleno que seguía su argumento con atención.

Un poco más adelante intentó “torcer” la decisión de la mayoría para rechazar el preámbulo mostrando con las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados y las debates de la 9768 en mano, que el tema nunca había sido abordado, y adelantó que de aquí en más “nunca vamos a poder poner un preámbulo aún cuando se lo habilite porque nos van a decir que no se puede comprender el espíritu del 33” y añadió “que no esté jurídicamente prohibido no quiere decir que deba ser aprobado sino que debe ser contemplado en cuanto a su viabilidad” y como cierre repreguntó a sus pares: ” Quién, si no somos nosotros, será capaz de hacer un preámbulo”

Raúl Guy (UCR) fundó su rechazo al preámbulo explicando que “el pueblo nos dio mandato para la reforma dentro de determinados límites. No discutimos acerca del preámbulo como una cuestión ideológica sino, si es un tema habilitado o no” dijo conciso el convencional a quien siguió en el uso de la palabra Emiliano Acharta (CC),el único convencional de la Coalición que apoyó la sanción del preámbulo, para lo que agradeció la libertad que existe en su bloque para fijar posición sobre este tema y observó que en las decisiones finales de este proceso de reforma cabe la posibilidad de fijar un preámbulo, pero consideró que los convencionales están hoy en una etapa anterior a discutir el contenido; deben discutir si están habilitados para hacerlo” y también utilizó algunos de los argumentos esgrimidos por sus pares: La ausencia de posiciones sobre el preámbulo en las etapas previas a la reforma.

Augusto Alasino (VER) alejó su punto de vista del de quienes tomaron como eje la ley que declara la necesidad de la reforma y aseguró que el preámbulo es “preceptivo y si no lo es, no tuvo por qué estar en la ley de convocatoria” explicó Alasino al tiempo que detalló que la 9768 “fija los límites del poder constituyente pero el preámbulo no es Constitución. No forma parte de ella y no está incorporado al articulado” dijo.

Y, comentó que en caso de que sí lo hubiera hecho “la ley de reforma se hubiera metido en los poderes propios de los constituyentes”.

En una breve intervención, agregó: “El preámbulo es una resolución de la Convención, no un artículo y así como establece su presupuesto y mecanismos puede por la misma vía técnica establecer un preámbulo. El preámbulo a nadie obliga el preámbulo no es una norma” esgrimió.

Finalmente, dijo que “un preámbulo tiene sentido si hacemos uno de nuestros tiempos que rompa los moldes, que defina nuestra historia y con ideología peronista y que hable de un dios reparador. Es ínsito al poder de la Convención establecer un preámbulo que prologue o sea colofón de la Constitución” aseguró Alasino a sus pares.

Santiago Reggiardo (PS) se refirió al preámbulo desde su naturaleza jurídica y disintió con Alasino. “No es un poema épico. Todos los preámbulos determinan los principios fundamentales que luego desarrolla el contenido normativo de la Constitución” relató el convencional adhiriendo a la mayoría de su bloque que rechaza el texto.

Marciano Martínez (VER) se basó en los paradigmas culturales y políticos que varían permanentemente y dijo que el preámbulo, en cambio, es letra que está “con fuerza” en el corazón de la gente” y recordó el modo en que (Raúl) Alfonsín en 1983 lanzó su campaña presidencial con el preámbulo de la Constitución nacional que le dio el irrepetible 51 por ciento de los votos.

“Histórico, político y cultural” denominó Martínez al preámbulo y consideró habilitada a la Convención para dictarlo enmarcándolo en el reconocimiento histórico y cultural de la provincia. “Tenemos que interpretar la norma sin que nos tiemble la decisión de hacerlo” dijo Martínez y desafió a sus pares a interpretar las normas y no a esperar que esté dicho para actuar.

Luis Brasesco (UCR) precisó que el tema es “jurídico” pero se le ha dado una “connotación religiosa” y sobre escritos de Jorge D’ Agostino y Jorge Campos aseguró que el preámbulo” no está habilitado para ser tratado por esta Constitución” y también trajo un trabajo del convencional Federik y admitió que es llamativo que en las cámaras legislativas y en el trabajo para llegar al proyecto de ley de la 9768 “nunca se haya tratado el tema”.

“Me hubiera gustado – sinceró Brasesco- discutir un preámbulo. Me hubiera gustado que mi Constitución tenga un preámbulo; pero estoy acostumbrado a que la rigidez de la ley es superior a mis gustos y pretensiones” confió a sus pares al tiempo que señaló que el tema está “inhabilitado”

Luego, Hermo Pesuto (VER), prometiendo brevedad, dijo que hay dos posiciones enfrentadas en el recinto y se ubicó entre los que lo consideran habilitados. “No es fácil resolver estas cuestione sin caer en sofismas interminables” argumentó, pero aseguró, y a título personal, que a quienes definen el preámbulo como un tema pétreo “no los asiste la razón”.

“La laguna del derecho” llamó Pesuto a la duda en la que ubicó la inclusión del preámbulo y, aunque se manifestó a favor de incluirlo en la nueva Constitución, llamó a “utilizar la independencia de la razón” para entender la viabilidad de la habilitación y mostró, como ejemplo, de ello el propio proyecto del presidente de la Convención, Jorge Busti.

“No hay unanimidad en el acierto o en el error” graficó Pesuto y se remontó a los inicios de la campaña electoral cuando Viva Entre Ríos propiciaba la inclusión de un preámbulo y un poco más tarde coincidió con Acharta en mostrar cómo la casi mitad de los convencionales impulsaron un proyecto para prologar la nueva carta.

“La suerte no está echada y quiero exhortar a todos para que viabilicemos un preámbulo y lo hago porque conozco la apertura de corazón de nuestros colegas. Si se hubiera aprobado la enmienda, tendríamos quizás la posibilidad” se esperanzó Pesuto. “No permitamos que un árbol nos impida ver el bosque” invitó luego al tiempo que desafió a los convencionales a no temer a ” que nos ataquen por el preámbulo por inconstitucional. Nos hemos jugado por cuestiones más espinosas” espetó.

Desde sus recuerdos de infancia llamó a los convencionales a consensuar el contenido, y agradeció la seriedad y altura que dieron los convencionales al debate en el que Pesuto no resignó sus esperanzas y se llevó los aplausos del pleno.

Jorge Salomón (FJpV) contó que atravesó una contradicción interna entre sus deseos y lo que indica la letra de la norma y apoyó el dictamen que rechaza la incorporación del preámbulo a lo que adhirió luego Fernando Baez (FJpV) quien se opuso a los argumentos de Alasino y se ubicó más cerca de Barrandeguy calificando como “texto jurídico” al preámbulo.

La votación fue nominal y al votar por la positiva se rechazaba el dictamen .El texto quedó sancionado por 28 votos sobre 17 votos negativos de Acevedo Miño, Acharta, Alasino, Allende, Cresto, Gustavo Diaz, Gastaldi, Heyde, Márquez, Marciano Martínez, Motta, Pasqualini, Pérez, Pesuto , Schoenfeld, Taleb, y Busti

El dictamen

“Rechácese la incorporación al texto constitucional de un Preámbulo por no contar las iniciativas citadas con la habilitación legal correspondiente”

Derechos del consumidor y enmienda; a comisión

Al momento de tratarse este dictamen que estaba previsto como segundo tema del orden del día, Rogel pidió que se postergue hasta la semana próxima el tratamiento cuando se despachen los órganos de control; moción que fue aceptada por el presidente de la comisión de Nuevos Derechos, Raúl Barrandeguy. De ese modo, los despachos serán tratados en forma conjunta. El despacho de la enmienda retornó a la comisión de poderes y Régimen Electoral y su presidente, Miguel Carlín comentó que los convencionales pidieron analizar este texto para encontrar una respuesta superadora por lo que ofertó su retorno a comisión para lograrlo y el pleno lo acompañó por unanimidad.

Derecho a la salud

La convencional radical Alba Allende de López defendió este texto nombrando la salud como un derecho humano fundamental y en el mismo sentido lo hizo luego desde el bloque mayoritario Zulema Schoenfeld que puso en la educación y en la difusión propuestas elementales para auxiliar la salud. Luego, Griselda Bellman (UCR) coincidió con sus colegas y Pesuto se refirió a la necesidad de fijar algunas cuestiones en el orden municipal y saludó la inclusión de la salud en el niño por nacer para aventar cualquier interpretación. Darío Gianfelicci (CC) propuso una serie de modificaciones en el texto que no fueron de fondo y destacó el rol de la participación ciudadana en el texto mientras que al cierre de la lista de oradores Carlos Díaz se refirió a la obligación del Estado de poner a disposición elementos que garanticen el acceso a la salud. Este tema fue el último de la sesión de hoy y quedó sancionado por unanimidad, luego de que Barrandeguy, en su calidad de presidente de la comisión, admitiera algunos cambios que no fueron sustanciales ni de sentido en el texto en el artículo segundo y cuarto.

El dictamen

“Art… El Estado Provincial reconoce la salud como derecho humano fundamental de las personas, y garantiza la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, incluyendo el control de los riesgos biológicos y socio ambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causas que se pueden evitar.

La atención sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna.

La inversión en salud será prioritaria para la provincia, el Estado tiene la obligación de poner a disposición de la población información, educación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen derechos y acceso libre e integral de la salud.

La provincia da prioridad a la atención primaria de la salud, jerarquizando el primer nivel.

Art.. El Estado regula, habilita y fiscaliza todo el circuito de producción, comercialización, y consumo de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella. Asimismo coordina su actividad con otras jurisdicciones.

Art… El medicamento es un bien social básico. El Estado dispondrá lo necesario para entregar medicamentos a la población que lo necesite en forma adecuada, oportuna y eficaz, fiscalizando procedencia y calidad. Desarrollará una política de medicamentos compresiva de la producción de éstos.

Art… El Estado promoverá la creación de centros de estudios e investigación interdiciplinaria de formación y capacitación en materia de salud, para una eficaz prevención y prestación del servicio de salud.

La ley reglamentaria propenderá a jerarquizar el nivel de atención hospitalaria de tiempo completo mediante médicos de dedicación exclusiva.

Art… El Estado provincial implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. Un Consejo de Salud, con participación ciudadana, será órgano consultivo del Poder Ejecutivo para el diseño de las políticas de salud”.

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Entre Rios – El pleno rechazó la incorporación de un Preámbulo
15 agosto, 2008, 4:12 am
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El preámbulo fue el debate más intenso de esta sesión ya que en su análisis intervinieron una veintena de convencionales en un debate que se prolongó por más de tres horas. El pleno vuelve a sesionar el jueves 21 a las 17 y viernes 22 a las 9.

La Convención Constituyente celebró hoy la vigésimo cuarta sesión ordinaria y dejó sancionados los despachos que otorgan rango constitucional a la mediación y a los derechos de la salud. A su vez, decidió regresar a la comisión de Poderes y Régimen Electoral el dictamen sobre enmienda en la necesidad de buscar una redacción superadora mientras que idéntico trámite se hará con el despacho de los derechos del consumidor para aguardar el que emanará de Control del Estado relativo a los organismos de control y someterlos al pleno en forma conjunta.

La inclusión del preámbulo tuvo 28 votos positivos contra 17 negativos que vinieron de Acevedo Miño, Acharta, Alasino, Allende, Cresto, Gustavo Diaz, Gastaldi, Heyde, Márquez, Marciano Martínez, Motta, Pasqualini, Pérez, Pesuto , Schoenfeld, Taleb, y Busti.


El debate

La mediación fue el primer tema del orden del día de una sesión que se inició puntualmente y en la que para abrir el debate Marcela Haiek (CC) fundamentó el despacho y dijo que “una nueva actitud frente al conflicto ofrece la posibilidad de una nueva respuesta” y realzó el rol conciliador de la herramienta que se incluirá en la Constitución. Luego, Adriana de la Cruz de Zabal (CC) celebró el dictamen que “permite la convivencia respetuosa” y Julio Federik centró sus intereses en descomprimir a los “fatigados tribunales” ya que permitirá la resolución de algunos conflictos sin recurrir a ellos mientras que Rubén Villaverde (UCR) realzó la interacción de la figura con la Justicia y Hermo Pesuto (VER) jerarquizó el carácter constitucional de la resolución de conflictos a la que le dio un carácter milenario.

El dictamen

“El Estado provincial promueve y fomenta la comunicación, la utilización, difusión y desarrollo de la instancia de resolución pacífica de las controversias: La mediación, negociación, conciliación, facilitación y arbitraje, como métodos no adversariales de resolución de conflictos”.

El preámbulo no será incluido en la Constitución

Con una lista de veinte oradores el pleno lució como su tema más central el del preámbulo que tuvo para su análisis la comisión de Peticiones. Su presidenta, Rosario Romero, aclaró esa comisión en su trabajo no abordó “el tema de fondo ni en los contenidos de los ocho proyectos como tampoco un juicio de valor porque quien puede negar la importancia de lo que es el preámbulo” dijo Romero al pleno y enumeró todas las cartas constitucionales que lo llevan aunque aseguró que “no debatimos contenidos, sino habilitaciones”

También se refirió a las dificultades que se salvaron para llegar a la reforma y recordó que Moine, cuando impulsó la reforma, propuso específicamente un preámbulo, pero usó ese hecho para contrastarlo con la ley 9768 que –dijo- “no menciona el preámbulo”. Y, añadió: “Lo que no está prohibido está permitido. El obstáculo es que la 9768 en su artículo 4 define que la Convención no podrá apartarse de la competencia de la presente ley” precisó Romero .

Luego, agregó: “No hubo una omisión sino una voluntad del legislador entrerriano que al momento de acordar los temas no incluyó el preámbulo y ese silencio no puede interpretarse como una autorización” invitó la convencional que al cierre de su intervención admitió que personalmente le hubiera gustado incorporarlo.

Le siguió Carlín en el uso de la palabra y fue para destacar la “libertad” de los convencionales del bloque justicialista para manifestarse sobre el tema y adhirió al fundamento de Romero. “El dictado de un preámbulo no constituye un acto de gobierno sino el ejercicio de las funciones que le son propias para insertar un plexo que forma parte de la letra constitucional” definió Carlín para quien “aunque sería bueno que lo tenga” no sería jurídicamente aceptable porque “sería cuestionable”

Celeste Pérez fue categórica en asegurar que “de ninguna manera la 9768 coarta la posibilidad al constituyente de prologar la Constitución de la provincia. Un preámbulo es el corolario y lo que explica el espíritu de quienes hacemos esta tarea que nos compromete con el futuro”. Dijo también que no aceptará “sustos” que les adviertan sobre la inconstitucionalidad de fijar un preámbulo y negó que quienes lo promueven sean objeto del descrédito intelectual. “No voy a dejar una brecha abierta para que se entienda que discutimos la forma cuando en realidad lo que subyace es el fondo”

Barrandeguy pidió el rechazo al preámbulo. Y lo fundó en que la 9768 habilita a “trabajar sobre aspectos legales y no sobre actos reclamativos o de deseos”. Y desde su banca dijo que “esta discusión establece un marco de posibilidades y cierra o abre los debates de acuerdo a que esas posibilidades estén o no autorizadas” y además se refirió a la necesidad de que el Estado sea laico y que se mantenga alejado de las posiciones religiosas.

Américo Schvartzman (PS) también rechazó la aprobación del preámbulo que en el bloque comparten siete de ocho integrantes “Entendemos y así lo señalamos antes de la selecciones que el tema no se encuentra habilitado por la ley de convocatoria y resulta de toda claridad que se encuentra expresamente prohibido” sintetizó el convencional que tomó hechos del 33 para mostrar por qué se hace innecesario el preámbulo.

Zulema Schoenfeld (FJpV) que se manifestó a favor del preámbulo preguntó a sus pares “por qué no pueden considerarlo” ya que la ley 9768 “no dice ni sí, ni no. No creo que el contenido de una síntesis (como ella llamó al preámbulo) sea tan dañina para que se nos declare inconstitucional, si es un prólogo introductorio donde plasmaríamos una síntesis de normas esenciales”. Y, pidió que se incorpore a la versión taquigráfica el proyecto 1020 del que es coautora.

A su turno, Luis Márquez (FJpV) recordó que en la campaña no se había expresado sobre el tema y compartió con Carlín el significado del preámbulo. A lo que sumó que “siendo el preámbulo un texto integrativo del texto constitucional no podrá tocarse si no está habilitado por la ley de la convocatoria” pero trajo al recinto la duda sobre qué hacer si la ley no dice nada al respecto y dejó en manos de una decisión “puramente política” la respuesta.

Luego, añadió: “El primer argumento es literal y el otro -si se quiere- es más interpretativo. El literal no está prohibido. Y, el preámbulo no figura porque no puede reformarse lo que no existe” le dijo Márquez al pleno que seguía su argumento con atención.

Un poco más adelante intentó “torcer” la decisión de la mayoría para rechazar el preámbulo mostrando con las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados y las debates de la 9768 en mano, que el tema nunca había sido abordado, y adelantó que de aquí en más “nunca vamos a poder poner un preámbulo aún cuando se lo habilite porque nos van a decir que no se puede comprender el espíritu del 33” y añadió “que no este jurídicamente prohibido no quiere decir que deba ser aprobado sino que debe ser contemplado en cuanto a su viabilidad” y como cierre repreguntó a sus pares: ” Quién, si no somos nosotros, será capaz de hacer un preámbulo”

Raúl Guy (UCR) fundó su rechazo al preámbulo explicando que “el pueblo nos dio mandato para la reforma dentro de determinados límites. No discutimos acerca del preámbulo como una cuestión ideológica sino, si es un tema habilitado o no” dijo conciso el convencional a quien siguió en el uso de la palabra Emiliano Acharta (CC),el único convencional de la Coalición que apoyó la sanción del preámbulo, para lo que agradeció la libertad que existe en su bloque para fijar posición sobre este tema y observó que en las decisiones finales de este proceso de reforma cabe la posibilidad de fijar un preámbulo, pero consideró que los convencionales están hoy en una etapa anterior a discutir el contenido; deben discutir si están habilitados para hacerlo” y también utilizó algunos de los argumentos esgrimidos por sus pares: La ausencia de posiciones sobre el preámbulo en las etapas previas a la reforma.

Augusto Alasino (VER) alejó su punto de vista del de quienes tomaron como eje la ley que declara la necesidad de la reforma y aseguró que el preámbulo es “preceptivo y sino lo es, no tuvo por qué estar en la ley de convocatoria” explicó Alasino al tiempo que detalló que la 9768 “fija los límites del poder constituyente pero el preámbulo no es Constitución. No forma parte de ella y no está incorporado al articulado” dijo.

Y, comentó que en caso de que sí lo hubiera echo “la ley de reforma se hubiera metido en los poderes propios de los constituyentes”.

En una breve intervención, agregó: “El preámbulo es una resolución de la Convención, no un artículo y así como establece su presupuesto y mecanismos puede por la misma vía técnica establecer un preámbulo. El preámbulo a nadie obliga el preámbulo no es una norma” esgrimió.

Finalmente, dijo que “un preámbulo tiene sentido si hacemos uno de nuestros tiempos que rompa los moldes, que defina nuestra historia y con ideología peronista y que hable de un dios reparador. Es ínsito al poder de la Convención establecer un preámbulo que prologue o sea colofón de la Constitución” aseguró Alasino a sus pares

Santiago Reggiardo (PS) se refirió al preámbulo desde su naturaleza jurídica y disintió con Alasino. “No es un poema épico. Todos los preámbulos determinan los principios fundamentales que luego desarrolla el contenido normativo de la Constitución” relató el convencional adhiriendo a la mayoría de su bloque que rechaza el texto.

Marciano Martínez (VER) se basó en los paradigmas culturales y políticos que varían permanentemente y dijo que el preámbulo, en cambio, es letra que está “con fuerza” en el corazón de la gente” y recordó el modo en que (Raúl) Alfonsín en 1983 lanzó su campaña presidencial con el preámbulo de la Constitución nacional que le dio el irrepetible 51 por ciento de los votos.

“Histórico, político y cultural” denominó Martínez al preámbulo y consideró habilitada a la Convención para dictarlo enmarcándolo en el reconocimiento histórico y cultural de la provincia. “Tenemos que interpretar la norma sin que nos tiemble la decisión de hacerlo” dijo Martínez y desafió a sus pares a interpretar las normas y no a esperar que esté dicho para actuar.

Luis Brasesco (UCR) precisó que el tema es “jurídico” pero se le ha dado una “connotación religiosa” y sobre escritos de Jorge D’ Agostino y Jorge Campos aseguró que el preámbulo” no está habilitado para ser tratado por esta Constitución” y también trajo un trabajo del convencional Federik y admitió que es llamativo que en las cámaras legislativas y en el trabajo para llegar al proyecto de ley de la 9768 “nunca se haya tratado el tema”.

“Me hubiera gustado – sinceró Brasesco- discutir un preámbulo. Me hubiera gustado que mi Constitución tenga un preámbulo; pero estoy acostumbrado a que la rigidez de la ley es superior a mis gustos y pretensiones” confió a sus pares al tiempo que señaló que el tema está “inhabilitado”

Luego, Hermo Pesuto (VER), prometiendo brevedad, dijo que hay dos posiciones enfrentadas en el recinto y se ubicó entre los que lo consideran habilitados. “No es fácil resolver estas cuestione sin caer en sofismas interminables” argumentó, pero aseguró, y a título personal, que a quienes definen el preámbulo como un tema pétreo “no los asiste la razón”.

“La laguna del derecho” llamó Pesuto a la duda en la que ubicó la inclusión del preámbulo y, aunque se manifestó a favor de incluirlo en la nueva Constitución, llamó a “utilizar la independencia de la razón” para entender la viabilidad de la habilitación y mostró, como ejemplo, de ello el propio proyecto del presidente de la Convención, Jorge Busti.

“No hay unanimidad en el acierto o en el error” graficó Pesuto y se remontó a los inicios de la campaña electoral cuando Viva Entre Ríos propiciaba la inclusión de un preámbulo y un poco más tarde coincidió con Acharta en mostrar cómo la casi mitad de los convencionales impulsaron un proyecto para prologar la nueva carta.

“La suerte no está echada y quiero exhortar a todos para que viabilicemos un preámbulo y lo hago porque conozco la apertura de corazón de nuestros colegas. Si se hubiera aprobado la enmienda, tendríamos quizás la posibilidad” se esperanzó Pesuto. “No permitamos que un árbol nos impida ver el bosque” invitó luego al tiempo que desafió a los convencionales a no temer a ” que nos ataquen por el preámbulo por inconstitucional. Nos hemos jugado por cuestiones más espinosas” espetó.

Desde sus recuerdos de infancia llamó a los convencionales a consensuar el contenido, y agradeció la seriedad y altura que dieron los convencionales al debate en el que Pesuto no resignó sus esperanzas y se llevó los aplausos del pleno.

Jorge Salomón (FJpV) contó que atravesó una contradicción interna entre sus deseos y lo que indica la letra de la norma y apoyó el dictamen que rechaza la incorporación del preámbulo a lo que adhirió luego Fernando Baez (FJpV) quien se opuso a los argumentos de Alasino y se ubicó más cerca de Barrandeguy calificando como “texto jurídico” al preámbulo.

La votación fue nominal .El texto quedó sancionado por 28 votos sobre 17 votos negativos de Acevedo Miño, Acharta, Alasino, Allende, Cresto, Gustavo Diaz, Gastaldi, Heyde, Márquez, Marciano Martínez, Motta, Pasqualini, Pérez, Pesuto , Schoenfeld, Taleb, y Busti

El dictamen
“Rechácese la incorporación al texto constitucional de un Preámbulo por no contar las iniciativas citadas con la habilitación legal correspondiente”

Derechos del consumidor y enmienda; a comisión

Al momento de tratarse este dictamen que estaba previsto como segundo tema del orden del día, Rogel pidió que se postergue hasta la semana próxima el tratamiento cuando se despachen los órganos de control; moción que fue aceptada por el presidente de la comisión de Nuevos Derechos, Raúl Barrandeguy. De ese modo, los despachos serán tratados en forma conjunta. El despacho de la enmienda retornó a la comisión de poderes y Régimen Electoral y su presidente, Miguel Carlín comentó que los convencionales pidieron analizar este texto para encontrar una respuesta superadora por lo que ofertó su retorno a comisión para lograrlo y el pleno lo acompañó por unanimidad.

Derecho a la salud

La convencional radical Alba Allende de López defendió este texto nombrando la salud como un derecho humano fundamental y en el mismo sentido lo hizo luego desde el bloque mayoritario Zulema Schoenfeld que puso en la educación y en la difusión propuestas elementales para auxiliar la salud. Luego, Griselda Bellman (UCR) coincidió con sus colegas y Pesuto se refirió a la necesidad de fijar algunas cuestiones en el orden municipal y saludó la inclusión de la salud en el niño por nacer para aventar cualquier interpretación. Darío Gianfelicci (CC) propuso una serie de modificaciones en el texto que no fueron de fondo y destacó el rol de la participación ciudadana en el texto mientras que al cierre de lalista de oradores Carlos Díaz se refirió a la obligación del Estado de poner a disposición elementos que granticen el acceso a la salud. Este tema fue el último de la sesión de hoy y quedó sancionado por unanimidad, luego de que Barrandeguy, en su calidad de presidente de la comisión, admitiera algunos cambios que no fueron sustanciales ni de sentido en el texto en el artículo segundo y cuarto.

El dictamen

“Art… El Estado Provincial reconoce la salud como derecho humano fundamental de las personas, y garantiza la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, incluyendo el control de los riesgos biológicos y socio ambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causas que se pueden evitar.

La atención sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna.

La inversión en salud será prioritaria para la provincia, el Estado tiene la obligación de poner a disposición de la población información, educación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen derechos y acceso libre e integral de la salud.

La provincia da prioridad a la atención primaria de la salud, jerarquizando el primer nivel.

Art.. El Estado regula, habilita y fiscaliza todo el circuito de producción, comercialización, y consumo de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella. Asimismo coordina su actividad con otras jurisdicciones.

Art… El medicamento es un bien social básico. El Estado dispondrá lo necesario para entregar medicamentos a la población que lo necesite en forma adecuada, oportuna y eficaz, fiscalizando procedencia y calidad. Desarrollará una política de medicamentos compresiva de la producción de éstos.

Art… El Estado promoverá la creación de centros de estudios e investigación interdiciplinaria de formación y capacitación en materia de salud, para una eficaz prevención y prestación del servicio de salud.

La ley reglamentaria propenderá a jerarquizar el nivel de atención hospitalaria de tiempo completo mediante médicos de dedicación exclusiva.

Art… El Estado provincial implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. Un Consejo de Salud, con participación ciudadana, será órgano consultivo del Poder Ejecutivo para el diseño de las políticas de salud”.(RN)

 

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Hector Strassera dijo que “es necesario recaudar” para sostener servicios

El senador Héctor Strassera (PJ- Concordia) junto a todos los senadores del Bloque Justicialista, dialogaron con el gobernador Sergio Urribarri, en una reunión nformal que tuvo lugar el martes por la noche, sobre el conflicto que atraviesa el gobierno nacional con el sector agropecuario. “Se reanudaron las esperanzas para continuar trabajando”, dijo Strassera quien afirmó que “hay que pagarle a los maestros, enfermeros, mantener los caminos y para eso es necesario recaudar”.

Aunque la reunión fue escenario para varios temas, el que más sonó fue el del conflicto nacional con el sector del campo, dijo Strassera a LT 14, al tiempo que opinó que ese conflicto les ha “consumido tiempo”, para tratar y “salir fortalecidos”.

El presidente del bloque de senadores del PJ opinó que “es necesario empezar a trabajar en serio”, y “empezar a construir porque nos quedan 42 meses de gobierno”.

El legislador, también se refirió al tema de las próximas Sesiones Ordinarias y adelantó que habrá una serie de anuncios tanto para salud, educación, también para pequeños y medianos productores.

Respecto de las retenciones dijo que la postura de su bloque siempre fue “muy clara”, y remarcó que también tenían una decisión muy clara cuando trataron el tema de la tributación de un sector: “Para sostener la sociedad en su conjunto, nosotros necesitamos pagar a maestros, enfermeros, médicos, mantener los caminos, esto es responsabilidad indelegable del estado y para eso hay que recaudar”.

Por último, analizó que el panorama que les brindó el gobernador fue muy positivo y “estamos todos para trabajar y recuperar el camino que nos ha consumido este conflicto”, finalizó (RN)

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