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Entre Rios, Los consumidores, protegidos en la Constitución

El pleno sancionó anoche los derechos del consumidor para lo que se creará un ente.El Estado asume varias responsabilidades, como el de educar en el consumo responsable y frenar la competencia desleal

El pleno de la Convención Constituyente consagró anoche los derechos del consumidor con un dictamen que defendieron, dividido en en tres partes, Laura Gastaldi, Guillermo Martínez y Rosario Romero, y, cada uno a su turno, explicó los alcances del texto que se logró unificando el que produjo Control del Estado y Nuevos Derechos que sufrió una modificación en el recinto introduciendo las audiencias públicas y la facultad a los municipios para ejercer el control y la defensa de los consumidores.

“Aspiramos a que ejerzan el poder de policía porque tiene el contacto directo con los prestadores y las empresas” definió la convencional Romero pero Fabián Rogel (UCR) propuso otra alternativa como también Emiliano Acharta (CC) quien precisó la necesidad de especificar el control sobre las concesiones. Luego Santiago Reggiardo (PS) planteó las cuestiones “del lado del usuario y la accesibilidad al servicio y la calidad” a lo que sumó el “consumo responsable” yen relación a los prestadores habló sobre los “monopolios naturales “donde es necesario cuidar por la posición de fuerza la acción del Estado para asegurar la equitativa prestación del servicio”.También Flavia Pasqualini (VER) pidió modificaciones al texto con al supresión del término “en su relación de consumo” mientras que Martín Acevedo Miño (Recrear) adhirió al concepto de la convencional en cuanto a la posibilidad de modernizar esta definición en el marco de la normativa nacional vigente. Nelio Calza (FJpV) tuvo en cuenta la propuesta de Romero de darle a los municipios el control y también sugirió reformas para incluir audiencias públicas.

Raúl Barradeguy, en su calidad de presidente de la comisión de Nuevos Derechos, rechazó los cambios sugeridos y pero Julio Federik, como titular de Control de Estado, fue quien aceptó los cambios que ofertó Calza y Romero, logrando que tras dos horas de debate, quede sancionado por unanimidad el despacho.

El dictamen

“El Estado Provincial garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, en su relación de consumo.
Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios.
Los derechos declarados en el presente son protegidos, controlados y su adecuada prestación, regulada por un ente provincial creado por ley, la que establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios, bajo los principios de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, accesibilidad, eficiencia y obligatoriedad, tanto cuando se trate de prestadores estatales, como cuando estén a cargo de entidades mixtas o privadas. Asimismo el Estado deberá garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo razonable y transparente que incorpore el sistema de audiencias publicas existiendo organismos de defensa del consumidor en los municipios estos ejercerán sus funciones en su jurisdicción” (RN)

 

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Entre Rios, Servicios Públicos: Definieron su control en la Constitución

La comisión de Control del Estado definió anoche como se controlará la prestación de los servicios públicos en la provincia y para ello tomó como texto marco el que produjo la comisión de Nuevos Derechos con la intención de alcanzar entre ambos y según lo definió Julio Federik (FJpV) “un texto único”.

En razón de ello, los convencionales lograron cerrar el tema sin mayores inconvenientes y desde la perspectiva de Federik y Raúl Barrandeguy (FJpV) la inclusión de esta redacción en la Constitución será “fundacional” a raíz de que no existe en la provincia un organismo que controle todas las prestaciones.

Luis Márquez (FJpV) introdujo otra cuestión en la reunión y fue la relativa a la cantidad de organismos que se crean a partir de esta reforma, cuestión en la que había recalado antes Nelio Calza (FJpV) en la idea de buscar un órgano central. Por su lado,Federik planteó que “alguien tiene que cuidar y controlar los servicios públicos y que estos obedezcan a una sola política y en cuanto a las erogaciones observó que la mayoría de los entes que se han fundado son ad honorem como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, el Consejo Asesor Económico y Social, y el Tribunal de Cuentas

Otro de los temas de la reunión fue la propuesta del convencional Daniel Zabala para crear un Tribunal fiscal, proyecto que resolvieron remitir a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados de la provincia, aconsejando su tratamiento, mientras que se resolvió el archivo del proyecto sobre auditoría porque entendieron que parte de su contenido estuvo plasmado en el nuevo Tribunal de Cuentas.
A su vez, los convencionales aprobaron modificar el texto del defensor del Pueblo en lo relativo a los votos que necesitará en la Legislatura para su pliego que en vez de mayoría absoluta será de dos tercios.

El dictamen


“El Estado provincial garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, en su relación de consumo. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios.

Los derechos declarados en el presente son protegidos, controlados y su adecuada prestación regulada por un ente provincial creado por ley, la que establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios bajo los principios de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, accesibilidad, eficiencia y obligatoriedad, tanto cuando se trate de prestadores estatales, como cuando estén a cargo de entidades mixtas o privadas. Asimismo y obligatoriamente deberá intervenir en el proceso de concesión del servicio y en la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente.