Agencia de Noticias Legislativas de Entre Ríos – Argentina


Proponen, por ley, la creación de un banco genético
11 diciembre, 2009, 6:31 pm
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El senador provincial, Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) rescató el Proyecto de Ley -contenido en el Expte. Nº 8.165- por el cual se crea el Registro Provincial de Datos Genéticos (RPDG). La propuesta -que ya tiene despacho favorable de la comisión de Legislación General- había sido presentada en el 2005 por el legislador concordiense Héctor Strassera pero, en su momento, no prosperó legislativamente.

Este registro tendrá por objeto exclusivo obtener y almacenar información genética asociada a una muestra biológica para facilitar la determinación y esclarecimiento de hechos sujetos a una investigación criminal, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables sobre la base de la identificación a través de patrones genéticos. También serviría para identificar y contribuir al paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

Además, el texto también indica que con el RPDG se podrán elaborar estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia en la Provincia, tasas de reincidencia y otros datos significativos que pudieren desprenderse del análisis estadístico. Entre otras cosas puede contribuir además, a resolver conflictos suscitados en causas judiciales no penales, siempre que medie pedido expreso y fundado de la Autoridad Judicial interviniente y que aquél guarde conformidad con lo establecido en la presente ley.

El Registro Provincial de Datos Genéticos funcionará en el Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en el que se practicarán los respectivos exámenes de ADN (ácido desoxirribonucleico) -no codificante- que posibiliten la obtención de los patrones genéticos.

En la propuesta rescatada por Melchiori queda bien explicitado que toda la información acopiada “tendrá carácter reservado, confidencial y secreto, y será de acceso restringido a las autoridades judiciales competentes”. Y aclara que, “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse dato alguno para otros fines o instancias distintas a los expresamente establecidos. Bajo ningún supuesto, este registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna”.

En el Artículo 7º se puntualiza que el RPDG contendrá: a)-Patrones Genéticos asociados a evidencias que hubieran sido obtenidos en el curso de una investigación judicial o en un proceso penal, y que no se encontraren asociadas a una persona determinada; b) Patrones Genéticos de víctimas de delitos obtenidos en un proceso penal o en el curso de una investigación judicial en la escena del crimen; c) Patrones Genéticos asociados a la identificación de personas imputadas, procesadas o condenadas en un proceso judicial penal; d) Patrones genéticos de restos humanos no identificados y de material biológico presumiblemente de personas extraviadas o desaparecidas.

El Registro, además de organizar y poner en funcionamiento un archivo de datos y de receptar y almacenar las muestras útiles para la determinación de los correspondientes patrones genéticos, tendrá la responsabilidad de proceder a la extracción de las muestras biológicas –previo examen de ADN- que sirvan para determinar dichos patrones. Deberá conservar las muestras y los resultados que de ellas se obtengan, mientras se realiza su procesamiento, velando en todo momento por que no sea violada ni interrumpida la cadena de custodia; y remitir los informes pertinentes a las Autoridades Judiciales o Ministerio Público que lo soliciten.

El proyecto reconsiderado por el senador Melchiori advierte en parte del articulado que, “toda persona que intervenga en la toma de muestras, obtención de evidencias y determinación de patrones genéticos, deberá mantener la reserva de los antecedentes y la integridad de la cadena de custodia”. En tal sentido establece que si se incumple con lo antes señalado, “se le aplicarán sanciones administrativas, civiles o penales, según corresponda. Igual sanción se aplicará a quien usare o divulgare indebidamente dichos antecedentes o informaciones”.

Un ítem a resaltar en esta propuesta es que la base de Datos Genéticos podrá homologar criterios científicos en cuanto a la técnica de análisis de ADN que faciliten la interconsulta, el intercambio y el entrecruzamiento de información con otros Registros genéticos provinciales, nacionales e internacionales, tales como el Registro de Huellas Digitales Genéticas de la Policía Federal Argentina, por citar un ejemplo.

Por último el proyecto -que tomara estado parlamentario este miércoles- indica que, en el marco del RPDG, se podrán celebrar convenios con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. En caso de aprobarse la iniciativa, el gasto que irrogue la aplicación de la nueva ley, “se financiará con las partidas asignadas al Poder Judicial de la Provincia donde se deberá detallar, de manera específica en su presupuesto, el monto asignado para el funcionamiento del Registro”.(RecintoNet)

 

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Entre Rios, Proponen modificaciones a las leyes de pesca

El senador provincial, Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) presentó sendos proyectos proponiendo modificaciones a la Ley de Pesca –Nª 4.892- y a la que regula los Puertos de Fiscalización –Nº 7.156-, ambas actualmente vigentes en la provincia.

Estas normativas, con sus numerosos decretos y resoluciones complementarias, disponen diversas prácticas de manejo del recurso ictícola y establecen distintas zonas de reserva, épocas de veda, especies protegidas, y reglamentos para desarrollar la práctica deportiva y también de la pesca comercial.

En cuanto a las modificaciones presentadas, por vía legislativa, a la Ley de Pesca, el representante de Islas en el Senado propone actualizar esta reglamentación adecuándola al uso sustentable del recurso ictícola, acorde a las tendencias modernas en materia ambiental, en lo que a la práctica deportiva respecta.

En los fundamentos, Melchiori expresa que el artículo 3º de la norma, se indica que para pescar en aguas de uso público de jurisdicción provincial, se debe contar con un permiso y/o licencia habilitante. Sin embargo, en el artículo 6º se exime de tal exigencia a los pescadores deportivos que no utilicen artes de pesca masivos, y que sólo lo hagan con los que están permitidos para este deporte sin destinar la captura de los ejemplares a la comercialización. “Esto ha dado origen a varias interpretaciones a saber –dice el senador-: primero, que los pescadores deportivos tienen como requisito ineludible, la obtención de la licencia habilitante establecida en el art. 3º, previo pago de su arancel. Segundo, que los pescadores deben contar con una licencia habilitante gratuita, conforme a lo establecido en los artículos 3º y 6º -ley 4.892- y lo narrado en los artículos 4º y 5º, los cuales al referirse a los datos que se deben consignar en la licencia, no diferencian si se trata de pescadores deportivos, comerciales o artesanales quedando, en consecuencia, todos obligados a tenerla. Tercero, que se encuentran exceptuados de ese requisito por imperio del art. 6º, siempre y cuando no empleen medios masivos, no pudiendo comercializar los ejemplares que aprehendan. Esto último, en la práctica, es de difícil verificación desde los organismos de control; en atención que, en diversas inspecciones se ha constatado la tenencia de mallas y de cantidades de piezas por parte de pescadores habilitados como “deportivos”, que superan la actividad para que obtuvieron la licencia.

Melchiori consideró que, “más allá de las discusiones interpretativas, en la práctica, el organismo de aplicación –en este caso, la Secretaría de la Producción- en las distintas reglamentaciones que establecen los valores que rigen para la obtención de las licencias, históricamente ha impuesto a sus distintos organismos de control, la exigencia del cobro de permisos anuales y transitorios para la pesca deportiva, entre otras actividades”.

El parlamentario también destacó que, “la pesca deportiva se ha convertido en una importante fuente de ingresos para distintos sectores de la economía provincial siendo fuente de trabajo, tanto para operadores y trabajadores del turismo –alquiler de alojamiento, guías y baqueanos, renta y venta de equipos de pesca, náutica y camping, etc.-, por lo que merece especial atención desde los distintos estamentos del Estado provincial, con el objeto de su fomento”.

Melchiori resaltó que en legislaciones de otras provincias, la pesca deportiva tiene como requisito previo, la obtención de los permisos o licencias habilitantes, “por lo tanto, parece un despropósito que la ley vigente en Entre Ríos permita la práctica deportiva gratuita y, más aún, sin exigir habilitación alguna”.

En cuanto a la norma que regula a los Puertos de Fiscalización –Nº 7.156- para controlar los productos de la pesca comercial dentro de la jurisdicción municipal, la ley estipula que: “los mismos se instrumentarán a través de convenios que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios suscribirá con las comunas y Juntas de Gobierno estableciendo -en su artículo 5º-, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado. Lo recaudado ingresará al Fondo de Protección y Conservación de Fauna de los cuales, el setenta por ciento (70%) será destinado a la Comuna que ejerza de fiscalizador, según los términos que se pacten en cada convenio”.

Para el legislador, la normativa no regla sobre las actividades relacionadas a la pesca deportiva subrayando que: “En general, los municipios con acuerdos vigentes han asumido las facultades de control, pero sin recibir compensación económica alguna”.

En base a todo lo expresado, Melchiori considera necesario modificar en las normas vigentes dos aspectos importantes. En cuanto al artículo 6º de la ley de Pesca, su nueva redacción sería: “Exceptúese de las disposiciones del Art. 3º a los pobladores ribereños que pesquen con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia”.

En tanto que en los artículos que el senador por Islas sugiere modificaciones en la norma que regula a los puertos de fiscalización son, el 1º, 5º y 6º. Según Melchiori, los mismos quedarían redactados de la siguiente forma: Art. 1º. Incorporase dentro del régimen de la ley Pesca Nº 4.892, la implementación de puertos de fiscalización de productos de la pesca comercial y la pesca deportiva, los que se instrumentarán a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios mediante convenios que ésta podrá suscribir con las Municipalidades y Juntas de Gobierno de la provincia, previo informe y determinación de la Dirección de Recursos Naturales sobre los lugares apropiados para este fin.

Art. 5º. El Poder Ejecutivo anualmente fijará un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado y el valor de los permisos de pesca deportiva, que por ser discriminatorio de acuerdo al valor de mercado de cada especie y de establecer, previo informe de la Dirección de Recursos Naturales, su producido ingresa al Fondo de Protección y Conservación de la Fauna creado por el Art. 78 de la Ley Nº 4.841.

Art. 6º. De los fondos que se recauden por tanto por pesca comercial, como por pesca deportiva, podrá destinarse hasta un setenta por ciento (70%) al ente Comunal que ejerza la fiscalización, según los términos pactados en el pertinente convenio.

Por último, el senador Melchiori destacó el invalorable aporte del Director General de Fiscalización Agroalimentaria, Jorge Florean, para la confección de las modificaciones realizadas, y que fueron ingresadas el viernes en la Cámara Alta. (RN)

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Entre Rios, Proponen modificaciones a las leyes de pesca

El senador provincial, Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) presentó sendos proyectos proponiendo modificaciones a la Ley de Pesca –Nª 4.892- y a la que regula los Puertos de Fiscalización –Nº 7.156-, ambas actualmente vigentes en la provincia.

Estas normativas, con sus numerosos decretos y resoluciones complementarias, disponen diversas prácticas de manejo del recurso ictícola y establecen distintas zonas de reserva, épocas de veda, especies protegidas, y reglamentos para desarrollar la práctica deportiva y también de la pesca comercial.

En cuanto a las modificaciones presentadas, por vía legislativa, a la Ley de Pesca, el representante de Islas en el Senado propone actualizar esta reglamentación adecuándola al uso sustentable del recurso ictícola, acorde a las tendencias modernas en materia ambiental, en lo que a la práctica deportiva respecta.

En los fundamentos, Melchiori expresa que el artículo 3º de la norma, se indica que para pescar en aguas de uso público de jurisdicción provincial, se debe contar con un permiso y/o licencia habilitante. Sin embargo, en el artículo 6º se exime de tal exigencia a los pescadores deportivos que no utilicen artes de pesca masivos, y que sólo lo hagan con los que están permitidos para este deporte sin destinar la captura de los ejemplares a la comercialización. “Esto ha dado origen a varias interpretaciones a saber –dice el senador-: primero, que los pescadores deportivos tienen como requisito ineludible, la obtención de la licencia habilitante establecida en el art. 3º, previo pago de su arancel. Segundo, que los pescadores deben contar con una licencia habilitante gratuita, conforme a lo establecido en los artículos 3º y 6º -ley 4.892- y lo narrado en los artículos 4º y 5º, los cuales al referirse a los datos que se deben consignar en la licencia, no diferencian si se trata de pescadores deportivos, comerciales o artesanales quedando, en consecuencia, todos obligados a tenerla. Tercero, que se encuentran exceptuados de ese requisito por imperio del art. 6º, siempre y cuando no empleen medios masivos, no pudiendo comercializar los ejemplares que aprehendan. Esto último, en la práctica, es de difícil verificación desde los organismos de control; en atención que, en diversas inspecciones se ha constatado la tenencia de mallas y de cantidades de piezas por parte de pescadores habilitados como “deportivos”, que superan la actividad para que obtuvieron la licencia.

Melchiori consideró que, “más allá de las discusiones interpretativas, en la práctica, el organismo de aplicación –en este caso, la Secretaría de la Producción- en las distintas reglamentaciones que establecen los valores que rigen para la obtención de las licencias, históricamente ha impuesto a sus distintos organismos de control, la exigencia del cobro de permisos anuales y transitorios para la pesca deportiva, entre otras actividades”.

El parlamentario también destacó que, “la pesca deportiva se ha convertido en una importante fuente de ingresos para distintos sectores de la economía provincial siendo fuente de trabajo, tanto para operadores y trabajadores del turismo –alquiler de alojamiento, guías y baqueanos, renta y venta de equipos de pesca, náutica y camping, etc.-, por lo que merece especial atención desde los distintos estamentos del Estado provincial, con el objeto de su fomento”.

Melchiori resaltó que en legislaciones de otras provincias, la pesca deportiva tiene como requisito previo, la obtención de los permisos o licencias habilitantes, “por lo tanto, parece un despropósito que la ley vigente en Entre Ríos permita la práctica deportiva gratuita y, más aún, sin exigir habilitación alguna”.

En cuanto a la norma que regula a los Puertos de Fiscalización –Nº 7.156- para controlar los productos de la pesca comercial dentro de la jurisdicción municipal, la ley estipula que: “los mismos se instrumentarán a través de convenios que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios suscribirá con las comunas y Juntas de Gobierno estableciendo -en su artículo 5º-, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado. Lo recaudado ingresará al Fondo de Protección y Conservación de Fauna de los cuales, el setenta por ciento (70%) será destinado a la Comuna que ejerza de fiscalizador, según los términos que se pacten en cada convenio”.

Para el legislador, la normativa no regla sobre las actividades relacionadas a la pesca deportiva subrayando que: “En general, los municipios con acuerdos vigentes han asumido las facultades de control, pero sin recibir compensación económica alguna”.

En base a todo lo expresado, Melchiori considera necesario modificar en las normas vigentes dos aspectos importantes. En cuanto al artículo 6º de la ley de Pesca, su nueva redacción sería: “Exceptúese de las disposiciones del Art. 3º a los pobladores ribereños que pesquen con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia”.

En tanto que en los artículos que el senador por Islas sugiere modificaciones en la norma que regula a los puertos de fiscalización son, el 1º, 5º y 6º. Según Melchiori, los mismos quedarían redactados de la siguiente forma: Art. 1º. Incorporase dentro del régimen de la ley Pesca Nº 4.892, la implementación de puertos de fiscalización de productos de la pesca comercial y la pesca deportiva, los que se instrumentarán a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios mediante convenios que ésta podrá suscribir con las Municipalidades y Juntas de Gobierno de la provincia, previo informe y determinación de la Dirección de Recursos Naturales sobre los lugares apropiados para este fin.

Art. 5º. El Poder Ejecutivo anualmente fijará un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado y el valor de los permisos de pesca deportiva, que por ser discriminatorio de acuerdo al valor de mercado de cada especie y de establecer, previo informe de la Dirección de Recursos Naturales, su producido ingresa al Fondo de Protección y Conservación de la Fauna creado por el Art. 78 de la Ley Nº 4.841.

Art. 6º. De los fondos que se recauden por tanto por pesca comercial, como por pesca deportiva, podrá destinarse hasta un setenta por ciento (70%) al ente Comunal que ejerza la fiscalización, según los términos pactados en el pertinente convenio.

Por último, el senador Melchiori destacó el invalorable aporte del Director General de Fiscalización Agroalimentaria, Jorge Florean, para la confección de las modificaciones realizadas, y que fueron ingresadas el viernes en la Cámara Alta. (RN)

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Entre Rios, Ejecución hipotecaria de viviendas: Melchiori presentó una propuesta
26 noviembre, 2008, 10:43 am
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El senador provincial, Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) presentó hoy un proyecto de ley destinado a establecer un nuevo procedimiento que evite la ejecución de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente por deudas crediticias.

Desde hace varios meses, Melchiori -presidente de la Comisión de Legislación General del Senado- viene trabajando conjuntamente con la Asociación de deudores del sistema financiero (Asuserfi), en el diseño de una normativa que ampare a quienes tomaron créditos hipotecarios y fueron afectados por la debacle económica de 2001.

“Es una injusticia que había que solucionar, sobre todo cuando las reglas de juego cambiaron de la noche a la mañana y el Estado, en vez de proteger a la gente, salió a salvar a las entidades crediticias”, manifestó el legislador.

Melchiori dijo a RecintoNet que “tiene que primar la vvienda única familiar antes que el acreedor y no sólo la casa sino el campo, que es la unidad económica que tiene el hombre para mantener su famiia. No puede haber una cuota usura que supere la rentabilidad que pueda lograr ese negocio”.

“Con esta iniciativa se otorgan pautas al juez para llamar a conciliación y cambiar el procedimiento pero limita la usura” machacó el senador al tiempo que dejó qen claro que con este proyecto “se legisla para la gente y se logra una ley definitiva” sostuvo Melchiori.

“El proyecto no anula ninguna ley nacional ya que la que norma esta situación aún no ha sido reglamentada” precisó el senador para quien en el procedimiento “debe velarse siempre por el deudor y en contra de la usura”

La iniciativa presentada por Melchiori establece que, “a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se suspenden los trámites de ejecución de sentencias judiciales; de subastas judiciales y extrajudiciales; los desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados o en trámite de aprobación; y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de un inmueble que se constituya como vivienda única, familiar y de ocupación permanente con la finalidad de saldar una deuda”.

Según indica el artículo primero de la propuesta –consta de 18 y uno de forma-: “Quedan excluidos de este procedimiento los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y los causados en la responsabilidad civil”.

En cuanto a cómo el deudor debe acreditar el carácter de su vivienda, la normativa indica que serán admisibles todo género de medios probatorios; aunque se tendrá como prueba suficiente, una declaración jurada firmada por quien adeuda evitándose así, que el juzgador le obligue a trámites burocráticos incompatibles con la celeridad del trámite.

En referencia al pago de las deudas, el proyecto de Melchiori establece que, una vez que esté firme la liquidación definitiva de la misma por intermedio de un juez, “el deudor podrá pagar la suma resultante de la misma en el plazo de quince (15) días o pedir el procedimiento de mediación previsto en la ley 9.776 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos-, a fin de convenir con el acreedor, alguna modalidad de pago del total liquidado”.

En el articulado también se considera la refinanciación en cuotas de la obligación originaria y sostiene que éstas, no podrán exceder de un monto equivalente al 25 por ciento del ingreso del grupo familiar conviviente en el inmueble objeto de ejecución.

Finalmente, Melchiori considera en los fundamentos de su proyecto: “Que hay que atender urgentemente la circunstancia real y concreta que, en las numerosas contiendas que sobrecargan los tribunales de nuestra provincia, lo que está en juego es la vivienda única y familiar de un entrerriano que creyó que era el momento justo para mejorar la calidad de vida de los suyos y tomó un crédito, que ahora lo puede dejar sin nada”.

Inmuebles destinado a actividades productivas agropecuarias, comerciales o industriales

El artículo 13 del proyecto presentado por el representante de Islas, también establece “la suspensión de las ejecuciones, subastas judiciales y extrajudiciales; y desalojos -aprobados o en trámite de aprobación-; y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de un inmueble destinado a actividades productivas agropecuarias, comerciales o industriales, siempre que las mismas se caractericen como micro, pequeña o mediana empresa en los términos de la legislación nacional vigente”.

Finalmente, Melchiori precisó a RN que la iniciativa fue redactada con la colaboración de integrantes de Asucerfi y de deudores hipotecarios independientes, como también del senador (mc) Mariano López (RN)

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Entre Rios -Propuesta para invertir en Puerto Ibicuy
EL PERíODO DE EXPLOTACIóN ES ENTRE 15 Y 20 AñOS
Propuesta para invertir en Puerto Ibicuy
El proyecto rondaría los 6 millones de dólares y apunta a la producción y exportación de biodisel.

En la mañana del martes, representantes de la empresa COCO Oil S.A. se reunieron con el senador provincial, Eduardo Melchiori (Departamento Islas – PJ) y con el director del Instituto Portuario provincial de Entre Ríos (IPPER), Ing. Hugo Rodríguez.

En la oportunidad, los empresarios acercaron al legislador y al funcionario portuario, una propuesta de inversión de 6 millones de dólares en el Puerto de Ibicuy, para instalar una planta productora de biodisel -combustible de origen vegetal que reemplaza al gasoil fósil- por un período de explotación de entre 15 y 20 años.

Según destacó Melchiori luego del encuentro, “el proyecto de esta empresa -oriunda de la localidad bonaerense de Dock Sud- abarcaría un predio de 2 hectáreas, que estaría emplazado a unos 300 metros del muelle”.

Cabe recordar que el IPPER ya había recibido anteriormente, dos propuestas privadas de similares características a la de COCO Oil S.A., en cuanto al volumen de inversión y de rubro.

Por su parte, el titular del Instituto portuario, Hugo Rodríguez comunicó que en breve el mencionado organismo provincial llamará a licitación para compatibilizar las ofertas. “El IPPER está evaluando cada proyecto que se le presenta, a efectos de analizar su factibilidad y los beneficios económicos que obtendría la provincia con cada operación”, indicó Rodriguez.

Dentro de los proyectos también está contemplada la reparación y equipamiento por parte de los inversores del muelle-isla, sin que esto perjudique el uso público del mismo.

Senadores se reunió con autoridades de Vialidad Provincial

Este martes en el recinto de la Cámara Alta, el pleno de los senadores recibieron a autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, quienes brindaron un informe pormenorizado acerca de lo que se está llevando a cabo en la provincia desde dicho organismo.

Una vez finalizado el encuentro, el senador provincial Eduardo Melchiori indicó que, en lo que respecta al Departamento Islas, los funcionarios manifestaron la posibilidad de enripiar 50 kms. de caminos vecinales.

“También nos informaron acerca del avance de las obras sobre la ruta 46, las cuales se están llevando a cabo sin inconvenientes”, consignó el legislador.

En cuanto a la licitación para los trabajos en la ruta 45, el legislador puntualizó que: “se está finalizando la etapa de estudio de las propuestas de los oferentes y que, en uno o dos meses, se estaría firmando la adjudicación de obra con la empresa que haya efectuado la mejor propuesta”.

www.recintonet.com.ar