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Entre Rios, Servicios Públicos: Definieron su control en la Constitución

La comisión de Control del Estado definió anoche como se controlará la prestación de los servicios públicos en la provincia y para ello tomó como texto marco el que produjo la comisión de Nuevos Derechos con la intención de alcanzar entre ambos y según lo definió Julio Federik (FJpV) “un texto único”.

En razón de ello, los convencionales lograron cerrar el tema sin mayores inconvenientes y desde la perspectiva de Federik y Raúl Barrandeguy (FJpV) la inclusión de esta redacción en la Constitución será “fundacional” a raíz de que no existe en la provincia un organismo que controle todas las prestaciones.

Luis Márquez (FJpV) introdujo otra cuestión en la reunión y fue la relativa a la cantidad de organismos que se crean a partir de esta reforma, cuestión en la que había recalado antes Nelio Calza (FJpV) en la idea de buscar un órgano central. Por su lado,Federik planteó que “alguien tiene que cuidar y controlar los servicios públicos y que estos obedezcan a una sola política y en cuanto a las erogaciones observó que la mayoría de los entes que se han fundado son ad honorem como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, el Consejo Asesor Económico y Social, y el Tribunal de Cuentas

Otro de los temas de la reunión fue la propuesta del convencional Daniel Zabala para crear un Tribunal fiscal, proyecto que resolvieron remitir a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados de la provincia, aconsejando su tratamiento, mientras que se resolvió el archivo del proyecto sobre auditoría porque entendieron que parte de su contenido estuvo plasmado en el nuevo Tribunal de Cuentas.
A su vez, los convencionales aprobaron modificar el texto del defensor del Pueblo en lo relativo a los votos que necesitará en la Legislatura para su pliego que en vez de mayoría absoluta será de dos tercios.

El dictamen


“El Estado provincial garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, en su relación de consumo. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios.

Los derechos declarados en el presente son protegidos, controlados y su adecuada prestación regulada por un ente provincial creado por ley, la que establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y de usuarios bajo los principios de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, accesibilidad, eficiencia y obligatoriedad, tanto cuando se trate de prestadores estatales, como cuando estén a cargo de entidades mixtas o privadas. Asimismo y obligatoriamente deberá intervenir en el proceso de concesión del servicio y en la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente.