Agencia de Noticias Legislativas de Entre Ríos – Argentina


“Salto Grande es generadora y no reguladora” aclaró Maya
29 noviembre, 2009, 11:50 pm
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A raíz de diversos comentarios sobre el comportamiento de Salto Grande y el manejo del agua con motivo y en ocasión de las crecidas, el autor de la Ley Maya, de transferencia de la represa a Entre Ríos, el ex senador nacional , Héctor Maya, precisó que “ Salto Grande es generadora de electricidad y por si sola no puede ser reguladora de caudal, mas allá de lo actuado en esta crecida, que ha sido correcto, tratando de mantener el mayor nivel tolerable y regulando dentro de las posibilidades “.

“Lo cierto – dijo – es que el proyecto básico, fue armónico con Brasil, con la diferencia que allí se construyeron la serie de represas, destinadas, no solo a generar, sino a regular racionalmente el agua, tratando de hacer un prudente equilibrio entre los recursos naturales, su utilización y la protección ambiental” -continuando Maya- ” nosotros solo hicimos Salto Grande y los proyectos complementarios quedaron en el olvido, ya que sin hacer nuevos lagos, se podría generar en Salto chico y Pepe Aji, aguas abajo y en otras alternativas aguas arriba, ya que hoy existen turbinas horizontales de bulbo que son competentes en el sistema”.

Maya señalo a RecintoNet, a través de un documento, sus diferencias políticas con el manejo de los Kirchner de la represa y la mutilación de recursos a Entre Ríos, “a donde cada vez no remiten menos de lo que corresponde, en forma ilegal y autoritaria como es la costumbre de los Kirchner” -agregando- “pero, no se trata aquí de una cuestión política, sino técnica y creo que se manejo bien dentro de las posibilidades, pero lo que si falta es que la Nación y los Kirchner, nos den lo que nos pertenece por ley y además, debemos estudiar con seriedad el manejo del agua, no sólo para aumentar la generación de energía y proveer de riego, sino dentro de los parámetros aceptables de cuidado ambiental y utilización racional de los recursos naturales”, concluyendo “ estudiar este trema es fundamental para la economía y el progreso entrerriano, ya que, por la nueva constitución nacional esos recursos, son de propiedad de las provincias”.(RecintoNet)

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Diputados analiza el pase a la Caja de trabajadores de distintos organismos
24 noviembre, 2008, 9:54 am
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Tres proyectos relativos a regímenes jubilatorios tienen en estudio los diputados provinciales, con grandes posibilidades que sean tratados en el corto plazo, concretamente en la próxima sesión, dentro de 15 días.
Empleados de casinos, del Instituto Autárquico Provincial del Seguro y ex agentes del Banco de Entre Ríos son los destinatarios de las iniciativas autoría de Juan Domingo Zacarías y Jorge Maier -los dos primeros-, y Jaime Benedetti, Ana D´Angelo y Juan Bettendorff -el tercero-. Cada uno obedece a distintas razones, es decir, trata de dar respuestas a distintas problemáticas. Las tres iniciativas están siendo consideradas por el Presidente y técnicos de la Caja.

El Dr. Daniel Elías, no descartó un requerimiento formal de Diputados ya sea a través de su presencia en la Cámara para exponer la posición o bien, aportar por escrito una opinión fundada.
Aunque en ninguno de los casos hay un rechazo de plano de las iniciativas, diversa es la consideración de unos y otros por parte de Elías. En primer lugar analizó el proyecto relativo a los trabajadores de casinos y salas de juego a quienes se “incorpora con una nueva categoría como jubilación especial”.

Elías, quien comentó que ya se ha reunido con trabajadores del sector, entiende que “debe avanzarse en algunas consideraciones que no están en el proyecto”. Puntualmente, se refirió a “un detalle más descriptivo de las características del trabajo que desempeñan, con una descripción y análisis más profundo de los factores que se consideran agresivos para la salud, de lo que se llama vulgarmente generadores de envejecimiento prematuro y que serían las causas por las cuales esta actividad sería calificada como especial”.

El titular de la Caja ratificó “la posición del organismo para ésta y otras propuestas similares” ya que son varios los sectores que piden la calificación de especial para tener “acceso a jubilación antes de tiempo”. Aclaró que “sin perjuicio de reconocer que hay muchas actividades y ésta (casineros) podría ser una, con características especiales, más agresiva para la salud, “decimos que el Estado en general, debe trabajar en el análisis de cuáles son los factores que producen el impacto en la salud y tratar de atenuarlo”. Concretamente se refirió a “mejorar las condiciones de trabajo, lo que a su vez significaría mejorar la calidad de vida y prolongación de la carrera laboral”.

Para Elías, “partir de un proyecto que proponga una rebaja de exigibilidad (para acceder a la jubilación) procurando solucionar un problema de condiciones de higiene y seguridad laboral, da la sensación que es empezar por el final”. En cambio, apuntó que “si se mejoran las condiciones laborales, habrá trabajadores que trabajarán más, y aportarán más, lo que dará la posibilidad de oxigenar un sistema de reparto como el que administra la Caja”.

En síntesis, Elías precisó que “no decimos que no, sino que antes de aprobar una ley de estas características se debe avanzar en el estudio de muchos aspectos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

OPORTUNIDAD. Respecto de los otros dos -IAPS y Bersa-, tomó en cuenta la composición de la población de ambos para sostener que “en principio si hay una oportunidad de que pasen al sistema previsional provincial, este es el tiempo para analizarlo”, ya que, según evaluó, “el promedio de edad de estos trabajadores, desde el punto de vista previsional es beneficioso. En promedio, son edades bajas, lo que permite decir que son superavitarias” ambas poblaciones.

Desde el punto de vista jurídico, en tanto, señaló que el IAPS es del Estado y probablemente, siempre debió haber aportado al sistema provincial.

No obstante, indicó que en ambos casos, “faltaría -ya fue pedido-, un estudio de proyección actuarial elaborado por personal técnico que marque con precisión científica la curva de evolución desde el punto de vista poblacional de estos sectores -edades, salarios, flujo de ingresos y egresos – para tener claramente un análisis de costo, a corto, mediano y largo plazo”, explicó.

De acuerdo a lo que manifestó , tanto ex bancarios como los empleados del Instituto del Seguro están trabajando en esas proyecciones. Elías no descartó incluso, que haya otros pedidos similares, de otros sectores. Exactamente la alusión fue a empleados de Enersa y Sidecreer que están aportando al sistema nacional y, a juicio del funcionario, “también merecen un análisis similar para ver si no es oportuno que aporten al provincial”

Alternativas hacia una jubilación
Jubilación ordinaria especial, incorporación al régimen previsional provincial y régimen excepcional de jubilación voluntaria es lo que proponen cada uno de los proyectos presentados. “Jubilación Ordinaria Especial. Trabajadores de Casinos”, es el título bajo el que Zacarías y Maier desarrollan el articulado del proyecto que introduce una modificación en la Ley 8.732 referido al Régimen General de Jubilaciones y Pensiones. Proponen que “tendrán derecho a jubilación ordinaria especial: i) Los afiliados de cincuenta y cinco (55) años de edad y cincuenta y dos (52) años de edad, según se trate de varones o mujeres respectivamente y veinticinco (25) años de servicio prestados que desarrollen sus labores en casinos y salas de juego de azar fiscalizadas o administradas por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social. Pero además de impulsar este cambio en la normativa vigente, en otro artículo de la iniciativa establecen que los empleados en esas condiciones, deben contar en su lugar de trabajo con una sala “libre de humo de tabaco” donde puedan realizar el refrigerio de cada jornada laboral, teniendo a su disposición alimentos, bebidas y medicamentos necesarios que les permita una adecuada recreación psíquica y desintoxicación del organismo. También para esos empleados prevé la realización anual de un chequeo general de salud físico y psíquico que debe ser provisto de manera gratuita, a fin de descartar la aparición de cualquier enfermedad que pueda originarse por razones vinculadas a su actividad laboral.

Zacarías y Maier sostienen que el ambiente de los casinos y salas de juego exponen obligatoriamente a los empleados a que durante la jornada laboral deban respirar aire contaminado por el humo de tabaco, poner excesiva concentración en la actividad que realizan y al mismo tiempo tratar con personas que por los diversos tipos de patologías psicológicas que presentan tienen comportamientos que demandan una atención especial y calificada.

Analizan los casos especiales
En otra iniciativa, también autoría de Zacarías y Maier, se plantea la incorporación al régimen previsional administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia a los trabajadores en relación de dependencia con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro-Seguro de Retiro Sociedad Anónima. No obstante, estos empleados mantendrían su afiliación en su calidad de activos o pasivos, en la Obra Social de la Actividad del Seguro, Reaseguro, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la vivienda (Osseg).

En los fundamentos del proyecto, además de citarse la voluntad de esos trabajadores para afiliarse y aportar al sistema de reparto de la Caja provincial, los legisladores sostienen que el equilibrio financiero del sistema previsional provincial no correría ningún riesgo si los afiliase, sino que se vería beneficiado por recibir un nuevo caudal de aportes como consecuencia de las nuevas afiliaciones, además de recibir el fondo acumulado por los aportes de la cuentas individuales de las respectivas AFJP al momento de obtener el beneficio.

EX BANCARIOS. El proyecto que lleva las firmas de legisladores de la UCR, el Encuentro Amplio y el Justicialismo, propicia un régimen excepcional de jubilación voluntaria para aquellos ex agentes del ex Banco de Entre Ríos afiliados a la Caja de la provincia que dejaron de pertenecer a la entidad bancaria como consecuencia de su privatización en 1994. A lo largo de nueve artículos discriminan una serie de requisitos que deberían cumplir según situaciones diversas en las que podrían encontrarse.

En principio, podrían ser beneficiarios quienes al momento de publicación de la ley tuvieran una edad mínima de 50 años y acreditado como mínimo 20 años de servicios no simultáneos y de aportes efectivos en ese ex banco provincial, cumplidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria establecida por decreto nacional 9316/46 y modificatorias, además de cumplir con el principio de caja otorgante dispuesto por el artículo 81 de la ley 8732 al momento de concesión del beneficio.

En el caso de los que tuvieran 20 años de servicios no simultáneos y de aportes efectivos, el haber previsional será del 72 % sobre las remuneraciones sujetas a aportes de los haberes en actividad, equivalentes a la misma categoría que revistaba el ex agente en el momento de ser afectado por la privatización del banco. Contempla, para quienes acreditasen más de 20 años de aportes, que el haber previsional se incrementaría a un punto porcentual por cada año, pudiendo llegar como máximo al 82 %. Quienes se jubilaran por este régimen deberían seguir aportando -aportes personales y patronales- a la Caja hasta cumplir las condiciones necesarias para la jubilación ordinaria.

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Piden que se prohíba la exportación de agua dulce
11 noviembre, 2008, 10:20 am
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Legisladores, intendentes y ONG provinciales solicitaron al Congreso de la Nación que se prohíba la exportación de agua dulce del río Paraná, al conocerse a través de denuncias de particulares e instituciones que el agua envasada es comprada en la región al valor de un euro y se vende a 11 en países europeos, hacia donde se la transporta en contenedores, según argumentó el senador provincial Ricardo Kaufmann (FV).

La empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en la Capital, ofrece por Internet exportar agua dulce del Paraná. El mercado sería Medio Oriente o Africa. Alberto Cholewa, socio de la firma, reconoció que la exportación se puede realizar “a granel [en buques cisterna] y sin procesar”.

Según informes del sector privado, Makhena ya efectuó este tipo de negocios de 1983 a 1987. Cholewa admitió que un cisterna despachado a Medio Oriente con 7000 toneladas de agua tendría hoy un costo cercano a US$ 2 millones. El agua se extrae del río con anuencia de las provincias de la cuenca, que se asocian al emprendimiento.

Ante la progresiva escasez de agua dulce en el mundo, el Senado provincial aprobó el mes pasado un proyecto para que el Poder Ejecutivo interceda ante los legisladores nacionales para que elaboren un proyecto de ley que prohíba la exportación de agua potable. Ricardo Kaufmann, senador por el departamento de Garay, sostuvo que “el Estado tiene que prever lo que pueda pasar; el agua es un recurso natural que pertenece a las provincias”.

En apoyo de esta demanda, el doctor en química analítica Deonaldo Carbajal dijo: “El tema es gravísimo. Nos están sacando un recurso vital y nadie parece preocuparse. La gente no está enterada y los políticos no toman debida atención”.

Carbajal explicó: “El agua que se extrae aquí se lleva en contenedores hasta Escocia, donde la fracciona una empresa que integra la familia Bush. En Italia comercializan el medio litro de esa agua, ya potabilizada, a 11 euros”. Recordó que el mismo grupo norteamericano adquirió miles de hectáreas en Córdoba. “Son tierras estériles, pero abajo están las napas. Otro lugar que también está siendo aprovechado con idéntico fin es Salta”, señaló.

El especialista advirtió “sobre el problema” que padecerán las próximas generaciones, ya que, sostuvo, “los que vienen y se llevan el agua no tienen grandes costos. No hay ninguna ley que lo prohíba. Explicó que en el mundo el 78% de la superficie de la tierra es agua; de ese porcentaje, el 3% es agua potable, dulce. Y de ese 3%, el 1% está en el acuífero Guaraní, un estratégico reservorio de agua que ocupa 1.190.000 km2 bajo los suelos de la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. “Antes apuntaron a la India y Africa; ahora nos toca a nosotros. Se están llevando la última riqueza que nos queda”, opinó.

La visión de la ONU

La primera respuesta a la preocupación por la exportación de agua dulce fue la del consejero sobre Agua, Cambio Climático y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Diego Malpede, quien anunció que “la ONU va camino de establecer un claro régimen de regulación jurídica de los acuíferos internacionales. Según la ONU, los Estados tienen soberanía plena sobre los recursos hídricos bajo su territorio. (RN)

Fuente: La Nación

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