Agencia de Noticias Legislativas de Entre Ríos – Argentina

La Convención Constituyente sancionó hoy, sobre tablas y en segundo giro, la creación de un banco provincial, que quedó aprobado por mayoría a raíz de las observaciones que formuló la oposición al texto que trajo Redacción al que le cuestionaron cambios semánticos y el despacho de acción por omisión. 

Además, quedó aprobado, por 24 votos sobre 18, el giro a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas del expediente por el que se incorporan a la Justicia los Registros Civil y de la Propiedad en el que garantizaron el compromiso de la Legislatura para convertirlo en ley . A su vez, el pleno tomó la propuesta de Redacción para el ordenamiento final de la nueva Constitución en el primer capítulo que abarca los artículos que van del 1 al 12 y del 13 al 25, algunos de los cuales mantuvieron su redacción original y otros sufrieron cambios en el proceso de reforma o fueron reordenados. Entre ambos bloques se introducirá el capítulo de los Nuevos Derechos y Garantías. Con esta sanción, se pudo conocer un primer bosquejo del nuevo diseño que tendrá, tras su jura, la Carta Magna provincial. 

Finalmente, el pleno se constituyó en conferencia para dirimir cómo se trasladarán a la Constitución las cuentas de inversión, por el que la provincia no podrá delegar temas impositivos a la Nación, fijando la potestad de la provincia sobre tales cuestiones, que quedó sancionado por 33 votos sobre 8 en la votación en general. Busti vinculó este tema al federalismo, y, dijo, desde una banca, que «el problema de las provincias y el federalismo en las democracias ha sido que las provincias han ido dejando recursos y asumiendo obligaciones» y recordó que «esto empezó desde el comienzo de la democracia y se reafirmó con los pactos federales, puntualmente con el primero de ellos, firmado el 12 de agosto de 1992».

Y, preguntó al pleno: «Qué beneficios sacaron las provincias. Ninguno –dijo- ya que sólo les sacaron tremendos recursos». Luego, mostró que hoy «ya no hay una escuela pública nacional ni tampoco hospitales o seguridad nacional» y advirtió que «en un noventa por ciento están en manos de la provincia» como los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay.

«Las obligaciones indelegables del Estado están en manos de la provincia y en vez de premiar a lo que fue dando la provincia, el Estado nacional le fue sacando recursos. De un 50 por ciento, estamos en un 47. De cien, menos de un treinta entran a las provincias argentinas» denunció Busti y vaticinó que «éste es el tema que se va a discutir en los próximos años».

La sesión

Registros a la Justicia, por mayoría van a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas
El despacho que retornó al recinto luego de ser reconsiderado en comisión reavivó el debate que fue presenciado por los trabajadores que pujan por ser parte del STJ, ocasión en la que Emiliano Acharta (CC) aludió al STJ y dijo que «somos respetuosos de todos los estamentos del Estado y de las opiniones que se han vertido desde los distintos organismos» pero los acusó «por la situación en la que nos ponen» al advertir que declararían la inconstitucionalidad del despacho a favor de incluir los registros a la Justicia. Por su lado, la UCR rechazó el pase a del despacho a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas, mientras que Augusto Alasino (VER), con un dictamen en minoría, calificó como «light» el primer despacho que otorgaba una reivindicación «salarial y laboral» pero aseguró que ahora «el tema quedó en aguas de borrascas» ya que » se decide un archivo virtual mandándolo a la Cámara de Diputados» advirtió.

Y, refiriéndose a la posición del STJ, dijo que no le pareció «para nada importante» la definición de Carubia y observó que el presidente del Tribunal «no quiere que un grupo de gente con otro origen se incorpore al poder Judicial y se de la movilidad social por la importancia y función que desempeñan. No encuentro más razones» cerró Alasino adelantando que insistirá con su despacho en minoría.

Luego, José Angel Allende (PJ) respaldó los dichos de Acharta y Alasino en cuanto a que el tema estaba habilitado en la ley 9768 y dijo con el transcurrir de los días advirtieron que «la presión sobre el tema dejaría el despacho como un espíritu de deseo y nada más» a lo que agregó que «aunque lo pongamos en la Constitución hacen falta las leyes que correspondan y ante estas presiones nunca saldrían» y después garantizó al pleno y a los trabajadores de los Registros que esas dependencias «se van a jerarquizar porque la Legislatura ha asumido la responsabilidad» Y ya en otro tono, machacó:»Me siento orgulloso de ser peronista porque cuando un peronista promete, cumple» y arrancó aplausos desde la barra.

Miguel Carlín, finalmente, cerró la lista de oradores para decir que este envío a Diputados «no es una actitud caprichosa haber considerado esta temática reiteradamente en la comisión» y aseguró que ello fue para lograr «un cuadro completo de situación». Y, agregó: «No queremos un aplauso fácil, estamos buscando con seriedad y responsabilidad la mejor solución para todos los agentes involucrados; para que el elogio de los cinco minutos de hoy no sea el fracaso de mañana» dijo vehemente el convencional. 

La votación dejó aprobado por 24 votos positivos sobre 18 negativos y tres ausencias el dictamen por el que se llevará el tema a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados. El voto 24 de la mayoría lo sumó Martín Acevedo Mino, de Recrear. 

Banco provincial, con sanción definitiva

De la comisión de Redacción volvió al recinto en segundo giro y para trabajar sobre tablas el despacho por el que se crea en la Constitución un banco provincial. Desde la UCR, el presidente del bloque, Fabián Rogel, dijo que se modificó sustancialmente la redacción y objetaron cuestiones semánticas en el segundo párrafo con las que coincidió el socialismo, aunque fueron desestimadas por la presidenta de la comisión, Sigrid Kunath. El dictamen quedó sancionado por mayoría. 

Como se recordará la creación del banco fue un despacho producido por la comisión de Producción y Trabajo y su texto determina que «El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social. 
Será banco oficial y agente financiero del Estado, en la medida que su desarrollo lo permita y podrá serlo de los municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta orgánica, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores. 
El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización de sus acciones»

Acción por omisión
En cuanto al derecho de acción por omisión, que también vuelve en segundo giro, su texto fue analizado nuevamente por el plenario, oportunidad en la que Alasino consideró «morigerado» el texto que «pone en cabeza de la Justicia un tema de administración con lo que se pone en riesgo el gobierno» y propuso agregar un párrafo en el segundo artículo que no fue aceptado la comisión. Finalmente fue aprobado por unanimidad, y establece que «Si esta Constitución, una ley o una ordenanza dictadas en su consecuencia, otorgasen algún derecho que dependiera para su concreción de una ulterior reglamentación y ésta no se dictara dentro del año de la sanción de la norma que la impone, el interesado podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente, a dictar la norma omitida. Ante el incumplimiento del obligado, el tribunal integrará la misma o, de ser esto imposible y ordenará, si correspondiere la indemnización al demandante del daño resarcible que sumariamente acredite.
Si la autoridad omitiere un deber constitucional indispensable para el regular funcionamiento del Estado, cualquier legitimado por la ley podrá, por la vía prevista en el apartado anterior, demandar se condene al funcionario remiso a cumplir la conducta debida o a que, en su defecto, la realice directamente el tribunal.»

El ordenamiento del texto constitucional
Luego y en lo que significó un primer bosquejo de cómo lucirá la nueva Constitución, Kunath contó que llevan tratados 113 despachos y presentó al pleno el ordenamiento final del nuevo texto constitucional en los artículos 1° al 12 y del 13° al 25 ya que entre el 12 y el 13 se incluirá el capítulo de Nuevos Derechos y Garantías .El primer grupo incluye formas de gobierno, distribución territorial, libertad de culto, la distribución departamental de la provincia, la observancia de la Constitución, los derechos y garantías de los ciudadanos entrerrianos y entre otros, el derecho a la identidad; mientras que en el segundo están los derechos del empleo público, ética pública, donde se reordenaron los actuales artículos de la carta magna En la votación por signos quedaron aprobados por unanimidad todos los artículos, que volverán a la comisión de Redacción hasta el ordenamiento final del texto constitucional, lo que celebraron con un cerrado aplauso.

Finalmente y constituidos en conferencia, los convencionales abordaron la posibilidad de agregar un texto al inciso 13 del artículo 81 para incorporar un dispositivo referido a la potestad de la provincia en materia tributaria. Para ello hicieron uso de la palabra Santiago Reggiardo, con una propuesta de modificación y luego desde la UCR, Rubén Villaverde mientras que Raúl Barrandeguy calificó parte del segundo párrafo como «antisistémica» y advirtió que su sanción «complicará al Poder Ejecutivo» y Flavia Pasqualini (VER). Luego el presidente de la Convención, Jorge Busti, remarcó que el texto es «fundamental para la administración pública y clave, cuando no hay fondos específicos» y precisó que «no se puede delegar lo que no está facultado a la Nación, por lo que – agregó – ponerlo en una Constitución federal es fundamental».En cuanto al segundo párrafo, que consideró «fundamental», dijo que es «un escudo» porque «cuando te llaman en Buenos Aires la presión es muy fuerte» y puso como ejemplo que gracias a su inclusión en la Constitución «no se pudo privatizar la Caja de Jubilaciones en Entre Ríos».Luego hizo uso de la palabra, Julio Federik y Carlín quien dejó sujeta a la intervención de la Legislatura o de Redacción la corrección que propuso Barrandeguy. En la votación en general, quedó sancionado por 33 votos sobre 8 en general.

«Deberán formar parte de la cuenta de inversión e incluidos en el presupuesto general la totalidad de los recursos provinciales que sean administrados por cualquier entidad, dirección, comisión, junta, delegación o fideicomiso incluso aquellos que sean compartidos con otras jurisdicciones en la parte correspondiente y estarán sujetos a la fiscalización de los organismos que tengan a su cargo el control de las cuentas públicas.

Toda creación de organismos de entidades autárquicas, empresas públicas, o sociedades de cualquier naturaleza, la participación estatal en el capital o su incremento, y de fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y / o recursos del Estado provincial, deberá ser autorizado por ley.

Y agrega: «Toda autoridad que en virtud de las leyes de la Nación sea ejercida en el territorio de la provincia, deberá respetar los derechos y garantías que esta Constitución acuerda , y será obligación de los magistrados imponer sin demoras su efectivo cumplimiento. Las autoridades provinciales no admitirán el ejercicio por cualquier otra autoridad de facultades no delegadas a la Nación bajo apercibimiento de ser considerado causal de mal desempeño.

Esta Constitución reivindica la potestad provincial en materia tributaria vedándose la delegación de potestades locales a la Nación. La provincia no podrá celebrar tratados o convenios con la Nación u otras provincias, mediante las cuales se decline los derechos de gravar o percibir impuestos que se le son privativos. Sólo se podrá suscribir convenios de coparticipación que no afecten sus recursos propios o menoscaben los ingresos provinciales»

Homenaje al federalismo entrerriano y a sus caudillos
Finalmente, ingresó al pleno una comunicación oficial del Presidente Municipal de Paraná, José Carlos Halle por el que remite a la Convención copia de la Resolución Nº 670/08 del Departamento Ejecutivo, autorizando la colocación de una placa de bronce en la Plaza 1º de Mayo, en homenaje al «Federalismo entrerriano y sus caudillos», conforme lo ha interesado la Convención,que será descubierta eljueves luego de lo cual el pleno sesionará como también el viernes, a partir de las 9.(RN)