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La Cámara de Diputados aprobaría este miércoles el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se producen cambios al Código Fiscal (T.O 2006) y la Ley Impositiva Nº 9622, en lo que refiere a impuesto a los automotores y al impuesto de sellos. Esta iniciativa, tiene dictamen favorable de comisión de Presupuesto y Hacienda, y al momento de impulsarla el Ejecutivo le encomendó al ministro de Economía, Diego Valiero, que detallara las razones y los alcances de esa propuesta. El temario de la sesión, quedará confirmado en labor parlamentaria, pero este texto podría ser parte del orden del día.

En esa ocasión, Valiero dijo que la primera modificación interesada se encuentra contenida en los Artículos 1º y 2º del proyecto, y consiste en incorporar como gravados con el Impuesto de Sellos a los actos que tengan por objeto las adquisiciones de automóviles cero kilómetro, y a su vez, eximir del pago del tributo a aquellas unidades, también cero kilómetro, que sean adquiridas en concesionarias o terminales automotrices que tributen en nuestra provincia el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sea por el Régimen Directo o a través del Convenio Multilateral, como así también las adquisiciones efectuadas por personas discapacitadas mediante el régimen previsto en la Ley Nº 19.279.

Cabe señalar que de acuerdo a los datos estadísticos recabados por la Dirección General de Rentas, el 21,78% de los automóviles cero kilómetro que se radican en la provincia son facturados por concesionarios locales, mientras que el restante 78,22%, son facturados en terminales automotrices o concesionarios con sede en otras jurisdicciones.

En consecuencia, al facturarse fuera de la provincia la base imponible de dichas ventas, a los fines del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, es asignada a esas jurisdicciones, privando de ingresos tributarios al Fisco Entrerriano y también a los Fiscos Municipales en cuanto a la Tasa de Higiene, Seguridad y Profilaxis.

El ministro había garantizado que «con las medidas propuestas se tiende a transparentar las operaciones de compraventa de los automotores cero kilómetro, con el objeto de preservar las fuentes de trabajo locales frente a la competencia de operadores foráneos que no tributan en nuestra jurisdicción, amén de que responden a la política adoptada por el gobierno provincial en torno a la promoción y estimulación del crecimiento de la economía regional y al incremento de los ingresos fiscales genuinos, captando los que hoy quedan en otras jurisdicciones».

En cuanto a la modificación contenida en el articulo 3º del proyecto, están centradas en » imponer en cabeza de las concesionarias, fabricantes y demás sujetos enumerados en el Inciso b) del Artículo 257º del Código Fiscal (T.O. 2006), la obligación y el deber formal de exigir a los adquirentes de unidades cero kilómetro la documentación que acredite inscripción de las mismas ante el Registro de la Propiedad Automotor correspondiente, en forma previa a la entrega del vehículo, estableciéndose sanciones específicas para el caso de incumplimiento. Valiero había dicho que ello «responde básicamente a mejorar la seguridad vial, evitando la circulación de automotores y principalmente motovehículos cero kilómetros que luego de ser adquiridos no se inscriben en el Registro Automotor pertinente y que por ende transitan sin la chapa patente identificatoria, con los consiguientes inconvenientes y perjuicios que ello provoca tanto a la ciudadanía en general como al propietario del vehículo, ya sea por eventuales accidentes en los que se halle involucrado el rodado y/o por la dificultad de recuperar el mismo en caso de robo o hurto. Ello, amén de que quienes resultan adquirentes de vehículos y motovehículos, y no cumplen con la exigencia de inscripción en el Registro, también evaden, en definitiva, su obligación de tributar el Impuesto a los Automotores, afectando así la recaudación fiscal.

Por otra parte, y en relación con el Impuesto a los Automotores, a través del Artículo 4º del proyecto, se modifica el Artículo 262º del Código Fiscal (T.O. 2006), incorporándose nuevas pautas para la asignación del valor anual de las embarcaciones importadas y de las embarcaciones con motor fuera de borda, cuestiones éstas que no se hallan en la actualidad expresamente previstas y dificultan la determinación del impuesto a abonar.

En cambio, a través del Articulo 5º del proyecto se tiende a suprimir la exigencia establecida en el segundo párrafo del Artículo 265º del Código Fiscal referente al pago del Impuesto a los Automotores, por el total de año, en aquellos supuestos en que se solicite la baja de un vehículo por cambio de radicación y la jurisdicción de destino no reconozca dicho pago, como sucede por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo caso sólo se le exigirá al contribuyente el pago de los periodos vencidos a la fecha de cambio de radicación, evitando de este modo que se configure un supuesto de doble imposición.

A través del Articulo 7º del proyecto, se propone una medida tendiente a incorporar dentro de las exenciones del pago del Impuesto a los Automotores contenidas en el Artículo 268º del Código Fiscal, con un beneficio del 50% a las empresas transportistas de carga con sede en la provincia.

Con ello se pretende morigerarles la carga fiscal en lo que respecta al pago del impuesto, atento a los elevados costos que debe afrontar ese sector, y que en definitiva, terminan trasladándose a los precios finales de las mercaderías y por ende, a los consumidores.

Esta cuestión ha sido tratada en diversas reuniones mantenidas entre los representantes del sector y del gobierno provincial.Cabe manifestar que con ello se otorgaría el mismo tratamiento impositivo que actualmente tienen en la legislación los taxis, remises y transporte de pasajeros, los que se encuentran exentos en un cincuenta por ciento del pago del tributo.

En el mismo artículo del proyecto se modifican las condiciones para que opere la exención de pago establecida en el Inciso j) del Artículo 268º, para las embarcaciones afectadas a actividades deportivas o de recreación, sustituyéndose el requisito de la antigüedad de la embarcación por el del avalúo de la misma, y fijándose en consecuencia un determinado importe en el artículo 30º de la Ley Impositiva, el que funcionará como tope para el otorgamiento de la exención.Ello encuentra fundamento en que, a diferencia de los vehículos, las embarcaciones que superan la antigüedad exigida por la norma son generalmente las de mayor envergadura y por ende las que poseen un elevado valor, generándose situaciones de desigualdad e inequidad fiscal, respecto de otras embarcaciones que no se hallan exentas por no tener la antigüedad requerida por la ley, pero cuya valuación es significativamente menor a las primeras.

Finalmente, a través del Articulo 8º del proyecto se consideró necesario elevar el importe fijado por el Artículo 30º de la Ley Impositiva Nº 9622, como tope máximo para el otorgamiento de la exención del Impuesto a los Automotores a los vehículos de propiedad de personas discapacitadas y de entidades religiosas, de conformidad a lo previsto en el Artículo 268º Incisos b) e i) del Código Fiscal (T.O. 2006).La ampliación de dicho tope guarda congruencia con el notable incremento que han sufrido en los últimos años los vehículos cero kilómetro y usados, y en particular aquellos que poseen comandos de adaptación para personas discapacitadas, resultando indispensable adecuar los importes fijados por la norma a la realidad imperante en el mercado automotriz, a fin de preservar la finalidad que motivó la creación de esta exención.(RN)